El pasado 23 de enero, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar aplazó la audiencia de formulación de acusación en contra del exsecretario de Educación del Cesar, Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez; el exsecretario General, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, y la excontratista Ivis del Carmen Rosado Robles. 

Este aplazamiento, ya van 13, se dio por solicitud del defensor de los exfuncionarios de la Gobernación del Cesar, quien manifestó que tenía una audiencia ante el Juzgado Cuarto Penal en defensa a una persona privada de la libertad. Por eso se fijó como nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación el 26 de febrero a las 11:30 a. m. 

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La audiencia para la acusación formal de los imputados ha sido cancelada 13 veces en los últimos seis años. Desde noviembre de 2019, cuando se dio la legalización de la captura, no ha habido avances. En algunas ocasiones, la audiencia se canceló porque el juez estaba de permiso y en otras porque no asistió una de las partes, como pasó en enero.

Proceso judicial contra exfuncionarios

En 2015, cuando Luis Alberto Monsalvo era gobernador del Cesar, el Programa de Alimentación Escolar del departamento se adjudicó al Consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’, representado por María Angélica Araújo Noguera.

Dicho consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araújo, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada por Ivis del Carmen Rosado Robles. El contrato tuvo un valor de $17.145 millones, con un plazo de ejecución de 59 días calendario.

Según la Fiscalía, en el contrato hubo falta de planeación, sobrecostos y un millonario detrimento patrimonial. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a 21 años y medio de cárcel como coautor responsable del delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, no ha avanzado el proceso contra los funcionarios.

Por Redacción Judicial