Un nuevo capítulo en la carrera política del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se abrirá la mañana de este miércoles. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá decidirá si el mandatario deberá estar privado de la libertad por las presuntas irregularidades que se presentaron en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante su primer periodo administrativo en el año 2015. 

La suerte está echada. En la diligencia se podrían presentar los siguientes escenarios: el primero, que el burgomaestre sea cobijado con detención domiciliaria; el segundo, que se le imponga una medida no privativa de la libertad, la cual tiene algunas restricciones, y el tercero que no vean necesario la medida.

Pero, de acuerdo a lo consultado con especialistas en el tema, únicamente la medida privativa de la libertad sería la ‘piedra en el zapato’ para que Monsalvo continúe con sus labores de mandatario. 

“Definitivamente la imposición de medida de aseguramiento, aunque sea de carácter domiciliario, conlleva un impedimento para seguir ejerciendo las funciones del cargo. A menos que la medida sea de las denominadas no privativas de la libertad descrita en el literal B del artículo 307 de la Ley 906 de 2004”, explicó el abogado penalista, Benjamín Jaimes Quintero. 

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De ser así, nuevamente el departamento tendría que tener gobernador encargado para el resto del periodo administrativo.  

“El tribunal que imponga la medida notificará a la presidencia para que de allí se designe un gobernador encargado de terna que enviará el partido político al que pertenece el gobernador. Claro que, por tratarse un acto urgente, se podrá designar un gobernador mientras se surte el trámite regular de la terna y su posterior designación”, explicó Jaimes Quintero. 

El despacho judicial se pronunciará frente a la petición presentada por el fiscal once delegado, Julio Ospino Gutiérrez, quien dejó sentado su posición sobre la necesidad de que Monsalvo fuera cobijado con detención domiciliaria. 

Para el representante del ente acusador, la medida es necesaria para que el gobernador no continúe colocando en riesgo las arcas públicas del departamento, puesto que en su primera gestión presuntamente benefició al consorcio Alimentación Escolar a Salvo, con un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que superó los $17.140 millones.   

Según la investigación, en este se originó un detrimento patrimonial que asciende a $3.172.808.072 por no haber estudios previos, presentarse prepliegos amañados y deficientes, así como supuestas omisiones de los requisitos de ley a la hora de elegir al contratista. 

Al respecto, el procurador penal José Fernando Ortega Cortez apoyó la solicitud de la Fiscalía. “Con los elementos materiales probatorios que tuvo a bien descubrir la Fiscalía queda demostrado en este asunto la calidad del sujeto activo calificado de Monsalvo Gnecco y su actuación como coautor fáctico de los hechos que se encuentran descritos”, consideró Ortega Cortez.

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No obstante, el abogado defensor Iván Cansino fue enfático en precisar que no era necesario dicha medida, puesto que otro órgano de control ya había analizado los mismos hechos sin encontrar responsabilidades en el gobernador. 

“La Contraloría encontró que no existía conducta reprochable o a título de dolo, culpa grave en contra del gobernador de Luis Monsalvo y fue confirmado en decisión del 18 de diciembre de 2019, con esto quiero decirle que si hay alguna irregularidad la Fiscalía no lo probó ni la vinculó con el deber del gobernador”, aseveró el jurista. 

ANTECEDENTE

En julio del año pasado el departamento tuvo como gobernador encargado a Wilson Solano, exsecretario de Agricultura, por la condena que en primera instancia tuvo Luis Alberto Monsalvo por el delito de corrupción al sufragante. Sin embargo, su actuación como mandatario encargado fue corta porque al poco tiempo Monsalvo fue absuelto en segunda instancia.