Por: Amylkar D. Acosta M1
Sólo el prurito de tener más y más tratados comerciales, negociados a tontas y a locas, puede explicar más no justificar los desatinos del gobierno en ese aspecto tan delicado de nuestro relacionamiento con nuestros socios comerciales. En la frenética carrera por coleccionar el mayor número de TLC posible, el gobierno nacional los viene negociando a la topa tolondra, improvisadamente, es decir, a los carajazos.
Nadie niega la importancia de negociar acuerdos y tratados comerciales con los demás países, pues estamos inmersos en una economía global de la cual no podemos sustraernos; pero se trata de que ellos, como lo establece la propia Constitución se negocien “sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. Y este principio es precisamente el que se transgredió con la firma del TLC con los EEUU y ahora se reincide en el mismo desaguisado con el cierre de la ronda de negociaciones de otro TLC, esta vez con la Unión Europea (UE).
Pese a que el Consejo Superior de Comercio Exterior les impartió instrucciones precisas a los negociadores del TLC con la UE en el sentido que la franja de precios para la leche no era negociable, que no se desmontaría, a la hora de nona, ante el impasse presentado ellos le consultaron al Presidente Uribe y este le dio el sí a las pretensiones de la UE de desmontarla. Se repite la historia de lo acaecido en la negociación del TLC con los EEUU, en la que también se cedió al desmonte del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) que protegían nuestra producción agrícola.
La reacción ante este exabrupto no se hizo esperar, el Presidente de la SAC Rafael Mejía primero y el Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie después, coincidieron en que el desmonte de la franja de precios convenida en la última ronda de la negociación, además de inconsulta, se constituía en el principio del fin de los hatos lecheros del país, de los cuales dependen más de 450.000 familias campesinas de bajos ingresos. Como lo asegura Lafaurie, este “fue un mal cierre” y los resultados de esta última ronda son “abiertamente desfavorables para la ganadería” y añade que “la leche subsidiada que llegaría de la UE arrasaría con miles de pequeños productores”, no porque sean más eficientes o competitivos sino por la práctica del dumping de precios.
Al sacrificar la franja de precios el gobierno entregó al sector lácteo, ya que este es el único instrumento de protección en frontera para estabilizar los precios internacionales distorsionados por los altos subsidios y ayudas de los europeos a la producción y exportación de la leche. Y no es para menos, la leche en la UE es uno de los sector más sobreprotegidos y subsidiados.  Basta con señalar que por cada cabeza de ganado el gobierno de Holanda le paga a su propietario US $2 diarios por concepto de subsidio, por encima de lo que recibe como ingreso más del 50% de los colombianos, que están por debajo de la línea de pobreza trazada por el PNUD que tiene ese mismo rasero. Es decir, que corren con mejor suerte las vacas en Holanda que los pobres en Colombia.
En dónde queda, entonces, el precepto constitucional que establece de manera diáfana que “la producción (que no la importación) de alimentos (y la leche lo es) gozará de la especial protección del Estado”? El Congreso de la República, que le ha seguido la jarana al presuroso Ministro de Comercio Luis Guillermo Plata, quien en nombre del gobierno nacional obtuvo la ratificación por parte de los parlamentarios de la aplanadora uribista, no una sino dos veces, del TLC suscrito con los EEUU, debe tomar nota de lo acontecido y ojalá no vayan a pasarse de culiprontos ratificando a las volandas, a la bulla de los cocos, este otro, que sería tremendamente devastador para el campo, lo cual sería una fatalidad para Colombia toda.

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