San Jorge con armadura, montado a caballo y combatiendo al dragón -símbolo del mal y del demonio- fue un elemento recurrente en la edad media, por lo que podemos conseguir numerosas pinturas y esculturas desde ese período hasta nuestros días; pero la restauración de una escultura de San Jorge, tallada en el siglo XVI y que se encuentra en la iglesia de San Miguel de Estella, en la provincia española de Navarra, despertó la indignación de algunos y las risas de otros, pues es imposible no compararla con la mundialmente famosa el Ecce Homo, de Borja, por la poca calidad del resultado.

La escultura muestra la imagen de San Jorge con armadura, montado a caballo y luchando contra un dragón, pero la restauración, utilizando colores planos, sencillos y uniformes, sobre todo en el rostro, provocó que el tema se convierta en motivo de actualidad por parte de los lugareños de Estella. La restauración estuvo a cargo de una profesora de manualidades de Estella, al parecer por encargo del párroco de la iglesia, quin solicitó el trabajo de “restauración”; y que se realizó sin conocimiento del Ayuntamiento ni de los restauradores competentes. Al conocer la restauración terminada, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) calificó de “desastrosa” la renovación de la escultura. Los expertos criticaron que la renovación de la obra se haya realizado por “personal no capacitado, sin los mínimos criterios de restauración de bienes culturales actuales, lo que ha dado lugar a la destrucción irreversible de una joya del patrimonio navarro”.

En un comunicado, los expertos recordaron que las actividades sobre el patrimonio cultural se encuentran reguladas por la legislación estatal y autonómica, “que obliga a protegerlo, valorarlo y difundirlo”. “Las actuaciones de conservación restauración deben ser ejecutadas por personal especializado, con formación superior y bajo control administrativo” . La ACRE informó que presentará una queja ante la Fiscalía de Navarra y pedirá la apertura de diligencias para permitir el esclarecimiento de los hechos. Además, solicita una valoración de técnicos calificados para valorar el alcance de los daños, ya que consideran que la anomalía puede tratase de “una infracción administrativa o un delito penal por daños en bienes de valor histórico cultural “, lo que podría terminar en una pena administrativa para los implicados en este acto.