No es en vano la disputa interna entre los miembros activos del Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Valledupar por la dirección de la entidad. En los últimos cuatro años han recibido más de 15.000 millones de pesos de la Alcaldía de Valledupar, gracias a los recursos derivados del cinco por ciento del recaudado de los impuestos de Industria y Comercio, la sobretasa bomberil. Solamente en el 2014, el organismo de socorro recibió 3.558 millones de pesos de la administración municipal.

El nada despreciable presupuesto, el manejo de una planta operativa de 60 bomberos, la relación directa con el alcalde de turno y otros aspectos, hacen llamativo el cargo de comandante que venía siendo ejercido desde el 2008 por el capitán Óscar Lúquez Alvarado, quien esta semana fue relegado del cargo por sus propios compañeros.

Este medio entregó en marzo un informe con las denuncias en contra de Lúquez Alvarado que fueron expuestas ante la Contraloría Municipal. De esas presuntas irregularidades, el ente de control emitió un informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial, en atención a las denuncias Q: 574 de 2015 y Q: 585 de 2015, relacionadas con la ejecución de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil en la vigencia 2014.

En ese sentido, la Contraloría estableció 21 hallazgos; 12 de tipo administrativos, seis disciplinarios, dos penales y uno con presunta incidencia fiscal en cuantía de 17 millones 656.324 pesos. El resultado fue puesto en conocimiento del alcalde Augusto Ramírez Uhía, el pasado 18 de abril.

Las anomalías detectadas por la Contraloría están basadas en “ausencia de control del Cuerpo de Bomberos”, presunto detrimento patrimonial por la compra de un predio de 10 hectáreas en Varas Blancas, corregimiento del municipio de La Paz, con una inversión de 300 millones de pesos, y el pago de mano de obra en construcción de sedes, entro otros.

Sobre el capitán Óscar Lúquez Alvarado pesa además una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por un supuesto acoso sexual, hechos que involucran a una mujer de 30 años integrante del Cuerpo de Bomberos, hechos sucedidos según la querellante el 17 de agosto del año anterior.

PIDEN PRESENCIA DE LÚQUEZ
Luego de expuesta la salida del capitán Óscar Lúquez Alvarado, un grupo de miembros del Consejo de Oficiales desmiente la misiva firmada por Eduardo Dangond, presidente de dicho órgano.

“Rechazamos y desautorizamos la decisión tomada por una minoría de este Cuerpo de Oficiales (8 de los 19 miembros oficiales), de remover al presidente, al tesorero y al comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar”, dice un primer punto del documento firmado por Víctor Cabra Cañón, Miguel Solano Rodríguez, José Armenta Guevara, Álvaro Aguirre Ramírez, Guillermo Castro Daza, Óscar Lúquez Alvarado, Alexey Petti Romero, Eday González Quiroz, Omar Contreras Socarrás y Eduardo Rojas Hernández.

Los firmantes aseguran que solamente ocho oficiales firmaron el acta para retirar del cargo a Lúquez Alvarado, cuando el Consejo tiene 19, siendo minoría quienes confirmaron la salida.

“No aceptamos las deleznables intenciones de los ocho miembros de remover de sus cargos a los actuales presidente, tesorero y comandante (…)”, dicen advirtiendo que desautorizan las actuaciones de Eduardo Dangond, César Brochero y Fernando Ramírez, en condición de presidente, tesorero y comandante, respectivamente.

FUE RELEGADO: PRESIDENTE
En diálogo con EL PILÓN, Eduardo Dangond quien asumió como presidente del Consejo de Oficiales dijo que Óscar Lúquez cuenta con el respaldo de unos miembros sin derecho a voto.

“Ese es el gran problema que ha generado la reelección a nivel nacional en todas las entidades, a las personas se les da su voto de confianza y después se atornillan de tal forma en los puestos que pretenden ser los propietarios de las entidades”, declaró Dangond.

Exhortó además que la decisión para el relevo de Lúquez fue “por el deficiente desempeño en cuanto al manejo que debería rendirle no solamente en las cuentas, en la atención como es al Consejo Nacional de Oficiales”, haciendo énfasis en que Óscar Lúquez no rindió cuentas en los últimos años sobre las inversiones y gestión al frente de la entidad.

“Las denuncias de algunos miembros de la línea de fuego, algunas compras de unos lotes que nunca los reportó al Consejo de Oficiales, generó una desconfianza absoluta en la gestión (…)”, con respecto al pronunciamiento de no aceptar la decisión de la ‘desbancada’ de Lúquez, Dangond advirtió que “ese no es el procedimiento, deben sustentarlo dentro del organismo que es una sesión y hacer valer su mayoría, ellos no van a las sesiones y quieren hacer mayorías por partes”.

Mientras se resuelve el lío jurídico en el Cuerpo de Bomberos, la línea de fuego y demás miembros del organismo de socorro seguirán prestando sus servicios a la comunidad.

La Contraloría estableció 21 hallazgos de tipo administrativo: 12 de los que seis tienen presunto alcance disciplinario; dos penales y uno con presunta incidencia fiscal.

Por Carlos Mario Jiménez
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