La condena impuesta hace pocos días al exalcalde Samuel Moreno Rojas, tildado por el juez que lo sentenció como hampón de cuello blanco, evidencia una vez más la cultura de la corrupción que en materia contractual se vive en el país, en cualquiera de los niveles que conforman la administración pública.

Pero este hecho no solo pone en relieve que en Colombia es una práctica usual la feria de los recursos públicos a través del llamado “carrusel de la contratación”, sino lo que es peor aún, lo que realmente preocupa es que ya se perdió el temor a la ley, es decir, ya no nos importa violarla; pues de nada han servido los aumentos de pena para los delitos contra la administración pública, de nada han servido los pactos de trasparencias que obligan a suscribir a los gobernantes, de nada sirven los códigos de ética y de buen gobierno, si cada día aumentan las investigaciones por irregularidades en la contratación pública.

Para buena parte de los servidores públicos ordenadores de gasto, parece que ya no calan en su conciencia los aforismos que nos llama al respeto por la ley “dura lex, sed lex” (dura es la ley, pero es la ley), “durum est, sed ita lex scripta est “(es duro pero así fue redactada la ley), que nos permite entender la dimensión que posee el poder de la ley y el llamado a su obediencia. No en vano nuestro Código Civil en el Artículo 4º define la ley como “una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prevenida en la Constitución, manda, prohíbe o castiga”.

Pero esta proposición jurídica no llama al respeto ni produce el mínimo susto para esta clase de funcionarios, ya que si se hace un análisis de la estadística de los procesos penales, disciplinarios y de responsabilidad fiscal que se tramitan en los órganos de control, fácil es inferir que las normas que más se violan en el país son precisamente las normas sobre contratación pública, dejando ver la aplicación de la regla de oro colombiana “hecha la ley, hecha la trampa”, lo que permite interpretar y aplicar el catalogo normativo contractual haciendo uso de procedimientos cuasidelictuales escondidos detrás de un persevero principio denominado autonomía de la voluntad de las partes, el cual se ha prestado para practicar maniobras en el diseño y elaboración de pliegos de condiciones, fijación de reglas de participación y ponderación, evaluación de propuestas y adjudicación; dando lugar a la creación y funcionamiento de las sastrerías de alta costura en la administración pública para confeccionar pliegos de condiciones con las más perfectas milimétricas medidas, asegurando que cada puntada se amolde a la silueta de la empresa, consorcio o unión temporal del futuro contratista. Pero en realidad lo que más llama la atención, es que los organismos de control y la sociedad saben de la existencia y funcionamiento de estos talleres de sastrerías porque es una práctica generalizada y contestada.

No digo que la normatividad vigente se preste para realizar este tipo de maniobras porque a decir verdad, contiene laxitudes, imprecisiones, excepciones, y generalidades en el procedimiento que facilitan este tipo de acción, pero más allá de los vacíos de la propia ley, lo que se nota es que hoy en nuestra sociedad hay degradación de valores, hoy es inocultable el coraje de los servidores públicos que no le tienen miedo a la ley, ni a las sanciones que esta prevé para los delitos contra la administración pública, especialmente aquellos que se refieren a la celebración indebida de contratos.