Al Estado colombiano hay que hacerle una reingeniería transversal para que su eficiencia y eficacia se ajusten a la misión de un estado de derechos; para estos cambios, los insumos básicos son la decencia, las buenas prácticas y buenas costumbres; todas las instituciones tienen que ser revisadas y sometidas a un proceso de asepsia total para que nuevos valores asuman la dirección del quehacer nacional. 

Una de las primeras acciones a tomar es escindir a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa como en otros tiempos ocurría; este paralelismo armado ha diluido el rol policial. Este ministerio es una de las instituciones más cuestionadas del país, y la policía, en particular, es protagonista de la violación de los derechos humanos y de abrigar en su seno “manzanas podridas”.

En política exterior, la nominación de Álvaro Leiva en la cancillería dará claridad, seriedad y seguridad a nuestro territorio que nos han venido arrebatando. Este sector es un mercado burocrático internacional del gobierno de turno, incluso por encima de la carrera diplomática. Aún no se confirma quién será el ministro de hacienda pero cualquiera que sea de los mencionados, daría tranquilidad a quienes decían que habría fuga de capitales y que caeríamos en manos del comunismo internacional, un constructo que solo existe en la mente de los hacedores de miedo.

La Procuraduría General, un ente burocrático de cinco mil funcionarios, también pasará por las tijeras de la reforma. En el sector agropecuario deben producirse cambios cualitativos y cuantitativos profundos; Colombia puede convertirse en una potencia alimentaria. 

En materia de medio ambiente, donde se cifra el futuro de la vida, vendrán políticas fuertes de preservación; la firma del tratado de Escazú es inaplazable, ni una gota más de glifosato debe caer sobre nuestro territorio. La contratación pública dejará de ser específica según el contratista y quienes salgan favorecidos deberán cumplir con todas las condiciones contractuales. 

La minería ilegal será metida en cintura, igual que los carteles del narcotráfico y sus enlaces con el Estado. Una reforma tributaria estructural es inaplazable y la discriminación de género y sexo deben desaparecer. La paz definitiva debe pactarse.  

Estos cambios suponen una sinergia integral para la cual nuestro electo presidente, con gran criterio patriótico, está convocando a tirios y troyanos, solos es imposible, y todos los invitados tendrán que sacar ganas de lo más recóndito de sus pasiones para reconstruir al país. Parece que este intento se ha logrado, el sistema presidencialista tiene la capacidad para producir estos milagros.

Los partidos tradicionales, carentes de propuestas serias, no pueden subsistir sin el oxígeno que les da el ejecutivo; solo una oposición con principios es capaz de mantenerse. Lo que no debe permitir el nuevo gobierno es dejarse cooptar de los convidados; en una fiesta pueden disfrutar todos pero el dueño de esta solo es uno. Eso sí, las reformas básicas deben quedar listas el primer año de gobierno. 

GP y FM reciben un país que no está para reír: su deuda externa a marzo 31 de este año, asciende a US$175.106 millones, el 65% del PIB, al punto de impagable; solo el año pasado, el gobierno de Duque contrajo una deuda superior a once mil millones de dólares, cuya mayoría ingresó al sector financiero. 

Además, se emitieron 35 mil millones de pesos y gran parte del Presupuesto General de la Nación de vigencias futuras ya está comprometido. Este es un acto de mala fe, parece que estaban convencidos de que G.P. ganaría la presidencia.