El sentido vial de la nueva avenida entre La Paz y Valledupar ha generado polémicas no solo entre los habitantes de los dos municipios cesarenses, sino también por parte de las entidades que construyeron y están a cargo de la obra.

Un grupo de habitantes de la carrera 7 de San Fernando, barrio de la capital del Cesar donde culmina la vía nacional e inicia la carretera urbana, se opone a la orden que dio el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que los vehículos también puedan transitar desde Valledupar hacia La Paz, atravesando este sector residencial.

INVÍAS

La dirección del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el Cesar aseguró a EL PILÓN, antes de la inauguración de la obra, que el sentido del tramo de 9.6 kilómetros es La Paz-Valledupar, de acuerdo con “los estudios y diseños, especificaciones técnicas y el manual de construcción de carreteras” de la entidad.

Sin embargo, esto expresó Reyes en el acto de entrega: “Haremos que la vía sea doble sentido, ida y vuelta”, haciendo referencia al compromiso del alcalde Valledupar, Mello Castro, de ajustar el trazado de la parte final de la carretera urbana (la cual conecta con la glorieta Cacique Upar) para que los carros livianos puedan dirigirse hacia el municipio vecino.

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“Alcalde, está en sus manos, no es posible que una vía de estas sea de un solo sentido cuando es una vía de 13 mil vehículos”, concluyó el funcionario del Gobierno nacional.

“El ministro tiene razón”, dijo una fuente que prefirió reservar su identidad, pero que hace parte de este proyecto que contempla la construcción de una segunda calzada con recursos superiores a los $80 mil millones.

Sin embargo, otras personas señalan que una de las dificultades para habilitar la movilidad en ambos sentidos es que quienes transitarían hacia la antigua población de Robles no tienen berma para parquearse en caso de alguna dificultad en el camino, como está demarcado en el caso contrario, lo que podría poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

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¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Este viernes, un grupo de obreros demolió la parte final del bordillo izquierdo de la carretera de la carrera 7A del barrio San Fernando, a la altura de la glorieta Cacique Upar, al parecer, autorizado por la Alcaldía de Valledupar, ya que la administración había anunciado que ‘lo más pronto posible’ iban a iniciar la remodelación.

Ante el posible bloqueo por parte de los ciudadanos, el borde fue reconstruido el mismo día. Esta casa editorial conoció que la Secretaría de Tránsito y Transporte no tenía conocimiento sobre esta construcción, así como tampoco la Oficina Asesora de Planeación, desde donde afirmaron que pusieron en conocimiento al secretario de Obras, Efraín Quintero, sobre la presunta inviabilidad de la modificación.

Ni Quintero ni la Oficina de Prensa de la Alcaldía dieron explicaciones sobre las obras que algunos veedores ciudadanos definen como ‘detrimento patrimonial’. Otros sectores pidieron mayor pedagogía sobre el uso de esta nueva carretera, puesto que se han registrado accidentes e incumplimiento de las normas, desde antes de su habilitación oficial.

REDACCIÓN GENERAL.