El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, reiteró durante el Consejo Comunal de Rendición de Cuentas de la cartera del Interior, que para evitar que los delincuentes logren evadir a la justicia y obtener rebaja de penas mediante trampas, es preciso fortalecer el conocimiento del sistema penal acusatorio, capacitando de manera constante a la Fuerza Pública, a los jueces y a los fiscales.

“El Sistema Penal Acusatorio es importante para lograr una justicia pronta y eficaz. Sin embargo, es necesario re – instruir a la Policía, a los jueces y fiscales, ya que continúa latente la preocupación por las decisiones que se adoptan con respecto a la libertad de personas capturadas en flagrancia o por un trabajo previo de policía judicial”, dijo el alto funcionario.

El Viceministro Ceballos afirmó que en el proceso de cooperación e interlocución entre el sector defensa y el sector justicia, se logró fortalecer los procesos de judicialización en ciudades que enfrentan altos índices de criminalidad.

De igual manera, el alto funcionario dijo que la Policía Nacional debe mejorar los procedimientos de captura, con el propósito de que los requisitos del sistema penal acusatorio se cumplan de manera estricta. De esta forma, los jueces de control de garantías no se verán forzados a declarar como ilegales dichas capturas.

Ceballos también hizo referencia a la necesidad de mayor coordinación entre la policía judicial y los fiscales para diseñar programas metodológicos que orienten las investigaciones, de manera que no se centre toda la actividad en las captura en flagrancia, sino que existan planes de trabajo orientados a recabar material probatorio suficiente para estructurar casos sólidos que ataquen la criminalidad organizada, y no solamente a delincuentes considerados aisladamente.

Otros de los puntos tocados por Ceballos fue sobre los jueces de control de garantías, quienes al momento de decidir sobre la procedencia de una medida sustitutiva de prisión, tienen el reto de balancear su decisión haciendo un análisis objetivo y completo sobre la peligrosidad que puede implicar que una persona acusada de cometer un delito grave, esté en detención domiciliaria y no en una cárcel.