A propósito de las recientes acciones a favor del medio ambiente, la deforestación y el agua en el mundo, EL PILÓN recuerda algunos de los intentos por salvaguardar los ríos Cesar y Guatapurí, específicamente retoma la Sentencia T622, una iniciativa que no tuvo continuidad en la ciudad, pese a la visita de diferentes estamentos nacionales que se dieron cita en Valledupar, para exponer los puntos sobre la sentencia de la Corte Constitucional, que declara sujeto de derechos los afluentes y a la cual varias ciudades de Colombia han accedido.

El  promotor de esta iniciativa fue el excontralor de Valledupar, Omar Contreras Socarrás, quien expresó que declarar la naturaleza como sujeto de derechos representa un avance en términos jurídicos. Para el excontralor esta sentencia se constituye en la oportunidad de reparar los daños que se le han hecho a los ríos del territorio, resaltando la importancia de que se le preste atención a los ríos Guatapurí y Cesar y que desde ya se logre coordinar el ejercicio de las entidades.

Contreras Socarrás indicó que “este sería el mayor logro jurídico en materia ambiental, nuestros ríos están en mora de tener herramientas jurídicas y judiciales para obtener beneficios, que aunque para muchas personas sea de difícil entendimiento y comprensión, sabemos que se puede lograr una excelente batalla a favor de los ríos y en contra de la delincuencia institucional y la delincuencia común que amenazan la vida de los ríos”.

Actualmente en esa misma categoría se encuentran los ríos Atrato (Chocó), Cauca, Magdalena, Quindío, Pance (Valle del Cauca), La Plata (Huila), Otún (Risaralda), y Combeima, Cócora y Coello (Tolima), al igual que el páramo de Pisba (Boyacá), la región de la Amazonia colombiana y el Parque Vía Parque Isla de Salamanca (Magdalena), que fue el último en recibir esa declaratoria en el país. 

EL PILÓN contactó al ingeniero ambiental Alberto Luis Araújo, quien lidera en el Magdalena el movimiento Río Vida y mantiene una radiografía clara de la crisis de los ríos Cesar y Guatapurí y durante mucho tiempo estudió y estuvo de acuerdo con la sentencia. Hoy nota algunos vacíos, más que en la sentencia, en la manera como se concibe la naturaleza y de cómo se asume desde los gobiernos.

El ambientalista atribuye esta situación a que todo el marco jurídico reconoce la naturaleza como un objeto de protección y no como sujeto derechos. “Hasta que la sociedad no logre apropiar y desarrollar claramente la función ecológica de la propiedad y la responsabilidad compartida entre el Estado y los particulares frente a la protección de la naturaleza, el Estado seguirá siendo ineficaz en la protección de las riquezas naturales y los ecosistemas estratégicos”, indica.

Para Araújo hasta el momento los gobiernos cumplen lo básico pero no hay una ley que obligue a darle un lugar a los recursos hídricos y ni el largo, el mediano y corto plazo de las propuestas que se han hecho para favorecer al río, funcionan; “en Valledupar hay   planes de acción por parte de  las Corporación Autónoma Regional del Cesar y en la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, pero todavía no es claro cómo esos planes contribuirán a la disminución de la deforestación y cuidado del agua”; subraya que todo lo que los humanos puedan hacer para retribuir el daño al planeta es una acción valiosa.

Las ingeniosas ideas, firmas de pactos, acuerdos, quedan en papel por la falta de articulación institucional. Hace algunos días, tres ciudadanos radicaron una acción popular, presentando la grave crisis del río Guatapurí.

Por: Adriana Palomo/El Pilón