“La Procuraduría no va a llegar como un borrego a acompañar a las administraciones públicas, sino que va a ejercer control y vigilancia sobre las políticas”, expresó el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, durante el encuentro anual “Protección del Recurso Hídrico y Responsabilidad Ambiental”. Por ello no dudó en aceptar la invitación para el conversatorio a desarrollarse en Valledupar para hacer una remembranza de la sentencia T22/16 que declara a los ríos del país como sujetos de derechos.

La invitación fue extendida por el contralor municipal, Omar Javier Contreras Socarrás, amparado en la sentencia T22 de 2016, en respuesta a una acción de tutela que se convierte en la médula espinal para la salvaguarda de los afluentes en el país y con la que busca que por obligatorio cumplimiento los ríos Cesar y Guatapurí sean protegidos por las corporaciones ambientales,  el gobierno departamental y municipal.

El procurador general manifestó su preocupación por el manejo de las Corporaciones Autónomas Regionales, que a su juicio se han convertido en la antítesis de lo que debe ser la protección al medio ambiente. Están afectadas de politiquería profunda, de ineficacia y de omisiones, indicó.

La tutela  por primera vez reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y a su vez se convirtió en el punto de partida para todos los departamentos que quieran declarar la protección sobre sus afluentes; el segundo en solicitar esta protección fue el río Sinú y la iniciativa ahora buscará ser aplicada en el departamento para la protección de los ríos Cesar y Guatapurí.

El conversatorio será en Valledupar el próximo 21 de septiembre, presidido por el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón; el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el defensor del pueblo, Carlos Negret Mosquera; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes lideran por parte de la Corte este evento, la Corte Constitucional y la Comisión de Moralización.

El contralor municipal indicó que esta es una iniciativa para conminar a las entidades a que esta sentencia es de obligatorio cumplimiento para la Fiscalía, Procuraduría, Rama Judicial y secretarías de medio ambiente, quienes tendrán la obligación y compromiso de proteger estos afluentes so pena de incurrir en las conductas penales y disciplinarias por su inobservancia, para lo que existe la pretensión de crear una mesa de trabajo donde confluyan todas las entidades incluso, contar con cooperación internacional, como ha planteado el procurador para efecto de que el cumplimiento de la sentencia sea efectivo.

“Los ríos están amenazados; para nadie es un secreto que en el departamento del Cesar recorre una carga contaminante muy alta del mismo vertimiento del río Guatapurí sobre el río Cesar y a su paso por los municipios hasta entregarle sus aguas a la ciénaga de Zapatosa,  contaminación que no solo amenaza sus aguas, sino todo lo que representa vitalidad, los animales la flora y la calidad de vida de los habitantes a lo largo del afluente”, explicó Omar Contreras al referirse a la necesidad de que el Estado intervenga en el cuidado de los ríos.