El pasado 18 de agosto, en el desarrollo del taller “Construyendo País”, celebrado en el municipio de la Unión (Valle del Cauca), un cultivador de maíz de esa zona, se quejó ante el presidente Duque, porque gran cantidad de maíz amarillo importado de los Estados Unidos para consumo animal, estaba siendo comercializado a bajo precio en tiendas, graneros y plazas de mercado, para consumo humano, poniendo en riesgo la salud pública y la cosecha nacional.

El gremio de cultivadores de cereales, Fenalce, hizo oficial esa denuncia ante las autoridades de control aduanero y sanitario, señalando que hubo contrabando técnico por cambiar la destinación o uso declarado en la importación del maíz, pero el Invima aún no se ha pronunciado al respecto.

Desde el año 2016, los habitantes de unos 250 municipios del país, vienen denunciando ante las autoridades locales y nacionales, el alto riesgo de salud que están afrontando por estar consumiendo carne de bovinos sacrificados en la clandestinidad sin ningún requisito sanitario y control de inocuidad por parte del ICA y el Invima, porque los mataderos o plantas de sacrificios de sus poblaciones fueron cerradas por no cumplir con las normas ambientales y de higiene que exige el Decreto 1500 del 2007.

Estos dos testimonios son el reflejo del panorama de corrupción e incapacidad administrativa y de gestión del Estado, frente al riesgo de salud que afrontan 49.8 millones de colombianos por no tener un mecanismo eficaz de trazabilidad alimentaria que permita conocer el sitio de procedencia, los controles a los que han sido sometidos, manipulados y transformados más de 14 millones de toneladas de alimentos que entran por los puertos colombianos y los casi 32 millones de toneladas que se producen en nuestro país en condiciones ambientales precarias.

¿Cómo explicar que después de 11 años de haberse aprobado la normatividad que estableció el sistema de inspección, vigilancia y control de productos cárnicos derivados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que deben cumplirse en toda la cadena alimentaria (Decreto 1500/2007), los ministerios de Agricultura y de Salud, y sus entidades adscritas, no hayan sido capaces de implementar lo ordenado por esa normatividad? O ¿Cómo entender que el Estado haya esperado tanto tiempo para expedir -hasta el pasado mes de mayo-, la normatividad (Decreto 931/2018), que crea el sistema de trazabilidad vegetal? De vaina no ha pasado algo grave en este país.

Es increíble que en este país no exista una herramienta que permita saber en qué condiciones de inocuidad llegan los alimentos a nuestras mesas. Ni que hablar de los millones de toneladas de alimentos que entran de contrabando por las fronteras de Venezuela y Ecuador. Claramente, la exposición de riesgo de salud en Colombia es muy alto. La Procuraduría General de la Nación está en mora de abrir una investigación disciplinaria a los funcionarios responsables de esta grave situación y exigir a las entidades responsables de la administración de los esquemas de trazabilidad alimentaria su implementación inmediata. Con la salud pública no se juega.

Por Indalecio Dangond