Ley 134 de 1994, reglamenta la revocatoria del mandato como un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

Es esta ley la que hoy tiene en jaque el sistema político y administrativo en los municipios y departamentos porque los alcaldes y gobernadores elegidos popularmente se sienten, como nunca, entre la espada y la pared porque en cualquier momento si la ciudadanía así lo decide, pueden terminar su mandato. Una herramienta que llevaba 23 años sin tener tanto uso, como ahora.

La Registraduría del Estado Civil tiene radicadas las solicitudes de 107 revocatorias de mandatos, de las cuales cuatro ya tienen fecha para su realización, entre esas la del municipio de El Copey en el Cesar, que tendrá lugar este 21 de mayo.

El director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, dijo que “la revocatoria de mandatos se está utilizando para interferir buenos gobiernos y como revanchismo político” y pidió una urgente reglamentación del sistema de revocatoria del mandato.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, CNE, salió a realizar audiencias públicas durante dos días (ayer y hoy) con los alcaldes y gobernadores que tienen procesos de revocatoria en su contra para escuchar los argumentos del porqué no deben ser revocados y en ese mismo espacio también hacen lo mismo los promotores de este tipo de iniciativas. El presidente del CNE, Alexander Vega, dijo que revisarán los procesos convocados.

Anoche la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alexandra Barrios Becerra, no se quedó atrás y conceptuó que no puede el CNE interferir en los procesos de revocatoria de mandatos porque “No es competencia del CNE evaluar si los actuales alcaldes y gobernadores están cumpliendo con sus planes de gobierno” y asegura que el Consejo de acuerdo con sus competencias solo está facultado para reglamentar aspectos técnicos y procedimentales en los mecanismos de participación ciudadana; la autoridad electoral podría rebasar sus competencias al evaluar si un mandatario da o no cumplimiento a los planes de gobierno.

Ayer el alcalde de El Copey, José Luis Nieves, participó en la audiencia pública para explicar por qué no debe ser revocado su mandato, junto con otros tres alcaldes que ya tienen fechas para que la ciudadanía vote si quieren que siga o no su mandatario: San Benito, Sucre; Ocaña, Norte de Santander, y Remolino, Magdalena.

Si se efectúan los 107 procesos de revocatoria, la Registradora debe invertir 98 mil millones, plata que no tiene. El tema debe ser evaluado con mucho cuidado para evitar que al calor del momento no vayan a deformar un derecho ciudadano como este, que bien usado puede reorientar la suerte de una población. Sí un Alcalde o un Gobernador no lo está haciendo bien, no debe seguir, pero sí lo hace bien y detrás hay intereses políticos oscuros, no se justificaría que el dinero corrupto compre un voto para revocar el mandato.

El debate está abierto, que prime la sensatez, siempre pensando en la ciudadanía que al final es la más afectada y desgastada al tener que votar para elegir, luego para revocar y otra vez para elegir.