Es urgente que los congresistas escuchen las voces que alertan sobre el riesgo de una excarcelación masiva por cuenta de la llamada Ley de Pequeñas Causas, que apenas surte su paso por la Cámara de Representantes y ya ha despertado preocupación e indignación por lo que significaría que se apruebe.

Solo para comenzar, tumbaría la Ley’ Natalia Ponce De León’ que castiga duramente a los agresores con ácido. El proyecto está en tercer debate y una de esas voces que alertan es la del nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien dijo que “69 comportamientos que hoy son delito pasarían a ser contravenciones. Esto tendría dos efectos nocivos: por un lado, por el principio de favorabilidad, todas las personas presas por esas conductas quedarían libres de inmediato. Y por el otro, a pesar de su gravedad, algunos de esos delitos en la práctica ‘desaparecerían’ para la justicia”.

Si este Proyecto de Ley, radicado en el 2015 por parte del ministro de Justicia de esa época, Yesid Reyes, pasa por el colador del Congreso y se convierte en Ley, saldrían de la cárcel las personas que están ahí por delitos querellables o también llamados de menor gravedad, como hurtos y estafas. Si hoy el hurto de un celular de alta gama es pan de cada día o el raponazo de una cartera de mujer en cualquier esquina hace parte del paisaje, se imaginan ¿qué pasaría si estos dos delitos dejan de serlo?

No solo las agresiones con ácido dejarían de ser un delito que amerita cárcel, también sería el hurto, pues este proyecto de ley propone que consideren cualquier hurto como una contravención, cuando su monto sea inferior a los 150 salarios mínimos mensuales vigentes, algo así como 103 millones de pesos. En pocas palabras, si el empleado que salió de su empresa con la quincena en el bolsillo es víctima de un atraco, no debe tomarse ni el trabajo de poner la denuncia porque el delincuente del que fue víctima no tendrá cárcel, así lo capturen, pues este proyecto propone reducir las etapas de un juicio, que ya no serían cinco: imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo, sino solo dos: “una en la que se comunican los cargos, se descubren y solicitan pruebas y otra en la cual se practican, se adelanta el contradictorio y culmina con una decisión de fondo”. Así tal cual, reza en el proyecto.
La impunidad que traería consigo esta Ley de Pequeñas Causas sería peor de la que hoy se registra. Si a regañadientes hoy denuncian los delitos que ocurren en las calles de las ciudades colombianas, en caso de que la aprueben, ésta aumentará desbordadamente.

¿Qué dicen nuestros representantes Eloy Quintero, Cristian Moreno, Alfredo Cuello y Fernando De la Peña? ¿Están de acuerdo con este Proyecto de Ley? Si su partido sí, qué opinan ellos de este desafío a la justicia colombiana, teniendo en cuenta que esta iniciativa radicada como la salvación de la seguridad ciudadana, abre también la posibilidad que sean los mismos ciudadanos los que hagan las veces de ‘fiscales privados’ para llevar a juicio a las personas que han cometido delitos menores en su contra.