La audiencia se desarrolló este miércoles ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
En la reanudación del juicio oral que se adelanta en contra del gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco por la primera investigación en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se revelaron otras presuntas irregularidades que rodearon el contrato que suscribió el mandatario en su primer periodo de administrativo departamental en el año 2015.
Se trata de unos posibles sobrecostos en el pago de otros insumos comprados. Por ejemplo, para la adquisición de implementos como embalaje, mallas, costales y canastas, tenían en el contrato presupuestado gastar $8.000.000, pero terminaron saldando $30.543.362., es decir una diferencia de $22.543.362.
Asimismo, por un kit de material como cuchara, vaso, plato y comedor tenían presupuestado pagar $262.200.000 y facturaron en total $ 432.727.483, así como también programaron una fumigación de plagas por $215.000 y pagaron $520.000.
Contrario sucedió con el presupuesto establecido por concepto de salarios de las manipuladoras de alimentos, el cual era de $3.580.227.800 y terminaron solo invirtiendo $2.261.814.507.
Finalmente, en el contrato estaba establecido la compra de una póliza de cumplimiento de $65.000.000 y compraron una de menor cuantía por valor de $24.239.125.
Estos detalles los explicó el investigador Luis Rodríguez, quien en la continuación de su declaración que comenzó en la audiencia anterior, explicó los valores presentados.
Agregó como testigo de la Fiscalía que a un solo proveedor le compraron más de la mitad de los insumos.
“Un solo proveedor se llevó el 54% de esta facturación y los 372 que no aparecen descritos corresponden a unos $1.500 millones”, manifestó Rodríguez.
En la audiencia desarrollada este miércoles ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia también se presentaron tres profesores como testigos de la Fiscalía Once Delegada, representada por Julio Ospino.
LOS PROFESORES
Estos son los licenciados Melvis Oviedo, Jaime Troncoso y Luis Eduardo Cotes, quienes laboran en distintos colegios del sur del departamento del Cesar.
Los tres no pudieron confirmar que el Programa de Alimentación Escolar cumpliera con la necesidad de toda la población estudiantil.
“La verdad es que no recuerdo bien, pero sí sé que en el colegio había matriculados más de 900 estudiantes y de esos nada más recibían unos cuantos alumnos”, manifestó Jaime Troncoso, rector de un colegio en Aguachica.
Agregó que en el 2015 en la Institución Técnica ‘Aureliano Castro’ de Aguachica en la sede principal unos 380 alumnos fueron los beneficiados y en la otra sede unos 240.
De los docentes ninguno aseguró que los alimentos llegaran en estado de descomposición. No obstante, uno explicó que a veces algunos podrían estar vencidos y eran cambiados enseguida por el operador.
Estos son apenas los primeros testigos presentados por la Fiscalía de más de 20 elementos de prueba que hizo valer para el juicio.
Por este caso, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco tiene una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Sin embargo, recientemente obtuvo otra por un proceso penal nuevo que surgió también por una investigación sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
La audiencia se desarrolló este miércoles ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
En la reanudación del juicio oral que se adelanta en contra del gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco por la primera investigación en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se revelaron otras presuntas irregularidades que rodearon el contrato que suscribió el mandatario en su primer periodo de administrativo departamental en el año 2015.
Se trata de unos posibles sobrecostos en el pago de otros insumos comprados. Por ejemplo, para la adquisición de implementos como embalaje, mallas, costales y canastas, tenían en el contrato presupuestado gastar $8.000.000, pero terminaron saldando $30.543.362., es decir una diferencia de $22.543.362.
Asimismo, por un kit de material como cuchara, vaso, plato y comedor tenían presupuestado pagar $262.200.000 y facturaron en total $ 432.727.483, así como también programaron una fumigación de plagas por $215.000 y pagaron $520.000.
Contrario sucedió con el presupuesto establecido por concepto de salarios de las manipuladoras de alimentos, el cual era de $3.580.227.800 y terminaron solo invirtiendo $2.261.814.507.
Finalmente, en el contrato estaba establecido la compra de una póliza de cumplimiento de $65.000.000 y compraron una de menor cuantía por valor de $24.239.125.
Estos detalles los explicó el investigador Luis Rodríguez, quien en la continuación de su declaración que comenzó en la audiencia anterior, explicó los valores presentados.
Agregó como testigo de la Fiscalía que a un solo proveedor le compraron más de la mitad de los insumos.
“Un solo proveedor se llevó el 54% de esta facturación y los 372 que no aparecen descritos corresponden a unos $1.500 millones”, manifestó Rodríguez.
En la audiencia desarrollada este miércoles ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia también se presentaron tres profesores como testigos de la Fiscalía Once Delegada, representada por Julio Ospino.
LOS PROFESORES
Estos son los licenciados Melvis Oviedo, Jaime Troncoso y Luis Eduardo Cotes, quienes laboran en distintos colegios del sur del departamento del Cesar.
Los tres no pudieron confirmar que el Programa de Alimentación Escolar cumpliera con la necesidad de toda la población estudiantil.
“La verdad es que no recuerdo bien, pero sí sé que en el colegio había matriculados más de 900 estudiantes y de esos nada más recibían unos cuantos alumnos”, manifestó Jaime Troncoso, rector de un colegio en Aguachica.
Agregó que en el 2015 en la Institución Técnica ‘Aureliano Castro’ de Aguachica en la sede principal unos 380 alumnos fueron los beneficiados y en la otra sede unos 240.
De los docentes ninguno aseguró que los alimentos llegaran en estado de descomposición. No obstante, uno explicó que a veces algunos podrían estar vencidos y eran cambiados enseguida por el operador.
Estos son apenas los primeros testigos presentados por la Fiscalía de más de 20 elementos de prueba que hizo valer para el juicio.
Por este caso, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco tiene una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Sin embargo, recientemente obtuvo otra por un proceso penal nuevo que surgió también por una investigación sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE.