El llamado que le hicieron las tres cabezas de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo a la directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, es más que oportuno, porque hasta ahora las víctimas desconocen detalles del proyecto de decreto que trabajan para modificar la reparación que deben recibir por la vía administrativa.

Los tres organismos pidieron al Gobierno Nacional que realice una sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, en la que puedan socializar los cambios propuestos en la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas del conflicto armado.

La socialización es urgente, sobre todo porque ya existe un proyecto de decreto elaborado por el gobierno para modificar el decreto 1084 del 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social, que estipuló que el Fondo de Inversión Para la Paz, creado en virtud de la Ley 487 de 1998, es el principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados para la obtención de la Paz, adscrito al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social.

“El proyecto de decreto plantea cambios sustanciales en lo referente al trámite, procedimiento, mecanismos, montos, criterios de priorización y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas del conflicto armado”, por lo que es fundamental que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, en su rol de coordinador del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas, lo socialice lo antes posible con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.

Apoyamos la petición de los tres organismos, porque si bien es cierto el número de víctimas en Colombia es grande y hasta ahora no han podido reparar a un importante porcentaje de las casi siete millones de víctimas, si merecen estar más informada sobre el proceso. Así se evitarían tergiversaciones, molestias e inconformidades de las personas que esperan dicha reparación.

Lo que están pidiendo a la Unidad de Víctimas es respuesta frente a algunas observaciones que ya les habían hecho en el mes de diciembre, sobre el nuevo decreto, con el que se espera una mejor respuesta de la entidad a las víctimas.

En el Cesar son más de 300 mil víctimas que esperan la reparación por vía administrativa.