El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento tuvo que reprogramar para el próximo 26 de agosto la reanudación de juicio en el proceso en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, investigado por el delito de corrupción al sufragante.

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El juez Andrés Alberto Palencia Fajardo comunicó que la defensa, representada por el abogado Alejandro Sánchez Cerón, pidió aplazamiento por tener otra audiencia ante la Corte Suprema de Justicia a la misma hora.

En la diligencia virtual estaba previsto que testificara el constructor Oscar Guerra Bonilla, para que acreditara la propiedad y el estado de su predio conocido como Tierra Prometida con respecto a los invasores.

En total a la Fiscalía 5 seccional le hace falta evacuar cinco testimonios, entre las que se encuentran líderes comunitarios. Una vez culmine su presentación, el turno será para la defensa, la cual expondrá unos 10 elementos materiales probatorios, de acuerdo a lo establecido en la audiencia preparatoria celebrada a finales del mes de julio del año pasado.

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¿CÓMO VA EL PROCESO?

Desde el mes de noviembre que inició el debate probatorio con la Fiscalía, han comparecido varias personas entre esas el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, quien narró la manera en qué durante su periodo de gobierno, comprendido entre el 2012- 2015, realizó gestiones para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, la cual pedía reubicar la población víctima de la violencia para desalojar los predios invadidos en la ciudad.

Otro que llegó a comparecer fue el exsecretario de Gobierno de Socarrás, Carlos Mario Céspedes, con motivo de manifestar cómo los desalojos fueron infructuosos porque la población afectada con antelación presentaba tutelas.

De igual manera, se presentó Mauricio Pimienta, hijo de Alberto Pimienta, propietario de los terrenos donde están cimentados los barrios subnormales de ‘Los Guasimales’, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II en la capital del Cesar. Además de un abogado y líderes comunitarios.

Pimienta declaró la manera cómo fueron creciendo las invasiones y la negligencia de las autoridades para desocupar los predios invadidos.

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Los hechos debatidos se originaron en el marco de dos documentos endilgados al exmandatario Ramírez Uhía, que presuntamente firmó con líderes comunitarios en la campaña política del año 2011 como candidato a la Alcaldía Municipal. En estos, según la Fiscalía, prometió a los miembros de la comunidad de los barrios subnormales dejarlos quietos en los terrenos y ofrecerles bienes inmuebles a cambio de votos.

Según el ente acusador, los documentos se suscribieron el 11 y 29 de septiembre del 2011, fechas en que se reunió primero con los moradores de los sectores Altos de Pimienta, Bello Horizonte y los Guasimales y después con los habitantes de Tierra Prometida.

Esta investigación surgió por una compulsa de copias realizadas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual investigó por similares hechos al gobernador del Cesar retirado, Luis Alberto Monsalvo.