Por: Socorro Ramírez

Se inicia el año con prioridades inaplazables. Entre ellas, la aplicación de la ley de víctimas. Luego de estudiar el grave caso del Caribe, el Grupo de Memoria Histórica propuso construir una política integral basada en un enfoque diferenciado según el tipo de víctimas. Así, al aplicar justicia se incluyen todos los delitos que afectaron sus vidas, al rescatar la verdad y la memoria se oyen sus diferentes voces y al construir la reparación se compensa la desventaja derivada de la disparidad de poder que afecta a las poblaciones más vulnerables.
En noviembre pasado, cuando se presentó el informe ‘Mujeres y guerra, víctimas y resistentes en el Caribe colombiano’, los medios no le dieron mayor despliegue a esta propuesta de reparación diferenciada. Los múltiples, continuos y atroces crímenes de violencia sexual contra las mujeres, utilizados como parte de la estrategia paramilitar de control social de la costa Caribe colombiana y documentados en el libro, coparon la atención. Pocos reprodujeron testimonios sobre cómo esa violencia sexual ejercida por grupos armados se suma a la violencia que padecen las mujeres en la vida cotidiana, victimizadas también por sus compañeros en el afán de controlar sus vidas. El libro muestra la reproducción de esa violencia intrafamiliar de una a otra generación y destaca cómo, en sectores rurales, formar familia sigue siendo el único proyecto de vida para muchas mujeres.
Tratando de explicar de qué manera los crímenes sexuales cometidos por actores armados en el Caribe se relacionan con la violencia intrafamiliar y por qué esta es tan resistente al cambio, el informe muestra cómo familias, vecinos y autoridades están atrapados en esa misma práctica y no la consideran inapropiada. Simplemente, asumen que “así es la vida”. En esas condiciones, los cambios constitucionales y legales no tienen efecto y las autoridades no se sienten presionadas para comprometerse a enfrentar esos delitos.
Para que hechos similares no continúen repitiéndose, el Grupo de Memoria Histórica señala que, además de los actos públicos de reconocimiento de los daños y del consiguiente perdón, es esencial garantizar el impulso de otros procesos que beneficien a las víctimas. En este caso, es necesario ayudarles a las sociedades caribeñas para que, de veras indignadas, respondan también con gestos reparadores de las distintas violencias que se conjugan sobre las mujeres con devastadores efectos.
El informe insiste en que no se trata simplemente de lograr que las víctimas vuelvan a la situación que padecían antes de la agresión sexual perpetrada por un actor armado, sino de actuar frente a todas sus realidades. Muchas víctimas caribeñas son campesinas que no han tenido acceso a la educación, al espacio público ni a la propiedad del predio que han habitado, pues antes del despojo aquel solo aparecía en manos de su compañero. Se requiere ayudarlas a enfrentar las discriminaciones y violencias que tradicionalmente les impiden asumirse como ciudadanas, garantizar sus derechos sexuales, reproductivos y patrimoniales, e incrementar su participación en el proceso de reparación.
Es esperanzador que en Santa Marta, mostrada por el libro como una de las zonas más afectadas por estos delitos, el nuevo alcalde, cuyo gabinete está conformado en un 70 por ciento por mujeres profesionales y académicas, haya anunciado que le da prioridad a la reparación de las víctimas. Ojalá adopte además la propuesta de política integral. Sería un proceso saludable para todo el Caribe colombiano e incluso aleccionador para el Gran Caribe. Es de esperar que el Gobierno Nacional y la cooperación internacional acompañen este esfuerzo crucial que probablemente despertará todos los demonios.