La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial en el cual se determina que el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de la guerrilla de las Farc, podría costar entre 1,8 billones y 2,7 billones de pesos.

Estos costos se basan en precios constantes del 2013 y esa inversión no contempla la totalidad de los recursos que se requieren, por lo cual podría elevarse la cifra.

La Contraloría considera que lo más probable es que se destinen más recursos teniendo en cuenta el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del posconflicto.

El Estudio Sectorial sobre la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, fue elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

“Si se tiene en cuenta que durante el período citado se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas y suponiendo que se beneficiaron de todos los programas de atención analizados en el estudio, la Contraloría estima que la inversión promedio realizada por el Estado para efectuar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración fue de 66,7 millones de pesos por persona, a precios constantes de 2013”, dice el estudio publicado por el Ministerio Público.

En relación con la reparación económica en dicho periodo, la Contraloría evidenció que los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y esta a su vez al Fondo de Reparación pero su valor resulta menor en comparación al monto de las indemnizaciones giradas.

El Ministerio Público dice que la alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias.

Más período de intervención

Otro tema que fue centro de estudio en el informe emitido por la Contraloría General de la República es la implementación de la Ley de Justicia y Paz donde se observa que una gran parte de los desmovilizados que están ad portas de recibir beneficios, han sido excluidos de los procesos judiciales, toda vez que han renunciado o incumplido con los requisitos exigidos, luego de la verificación realizada.

En otro punto, el proceso de reintegración de personas que estuvieron en grupos armados al margen de la Ley se puede observar que según el estudio la gran mayoría de quienes ingresaron, aún se encuentran en el proceso (85%) y se destaca que 12% culminaron efectivamente las actividades programadas en la Ruta de Reintegración.

“Así pues, se deduce que existe una alta permanencia en el proceso de  reintegración y que se requiere un período prolongado de intervención (inclusive superior a 8.5 años, correspondiente al período de análisis)”, dice el informe revelado por la Contraloría.

Prima el apoyo económico

Tal como se ha publicado en varios medios, la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, ha sido una de las entidades que mejor ha ejecutado el presupuesto, y según la Contraloría se estima que una proporción significativa de los recursos ejecutados por la ACR, se dirigió a los apoyos económicos para las personas vinculadas al proceso.

Sin embargo, el Ministerio Público reconoce que hay otros componentes que son igual de relevantes en el proceso de reintegración a la vida civil, como la formulación e implementación de proyectos productivos y las actividades de reintegración comunitaria y de servicio social en las comunidades receptoras de desmovilizados, registraron una participación baja en los recursos ejecutados por la Agencia, lo cual indica que estos componentes han tenido una menor prioridad en el proceso.

“Durante el período que abarca el estudio de la Contraloría se realizaron dos procesos de desarme y desmovilización. En primer lugar, se encuentran las desmovilizaciones colectivas producto de la negociación con los grupos de autodefensa (Auc); y, en segundo, las desmovilizaciones individuales, que corresponden en su mayoría a miembros de la subversión (Farc y Eln) que han desertado de sus filas”, comunicó la entidad y añadió que “al respecto, se encontró que el número de desmovilizados en los dos tipos es similar.

Los primeros se concentran en los años 2006 y 2007, mientras que los segundos se han dado a lo largo de todo el periodo analizado.

Sin embargo, estos últimos han ido disminuyendo continuamente desde el año 2008, lo cual puede obedecer al menor tamaño en las estructuras de estos grupos armados”.

En relación con el estudio también es posible determinar que el costo promedio de atención por cada desmovilizado es mayor en los procesos de desarme y desmovilización individuales, en comparación con los colectivos.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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