Por: Antonio Hernandez Gamarra

Es legítimo y estimulante el entusiasmo de mucha de la dirigencia de nuestro Caribe a raíz de la decisión del Consejo Nacional Electoral que el 14 de marzo permitirá expresarnos para darle vida a la idea – por tantos años acariciada – de constituirnos como región. Igualmente es de celebrar la diligencia de tantos y tan diversos grupos ciudadanos que están empeñados en hacer posible que el voto popular a favor de esa iniciativa sea nutrido.

Esto último es de suma importancia porque la significación política de esa manifestación popular radica precisamente en la contundencia del mandato que reciba al nuevo Congreso, para desarrollar los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional. Si ese mandato es masivo no se podrá seguir dilatando una decisión que lleva ya casi veinte años congelada en las frías gavetas del Capitolio Nacional. El debido entendimiento del proceso tiene, por tanto, que poner el énfasis en que la expresión del voto del 14 de marzo no tendrá fuerza legal sino cuando el Congreso, en desarrollo de la Constitución, permita la creación de la región administrativa y de planificación. Fin para el cual tendremos que construir un acuerdo  regional muy sólido y preciso en el Caribe.

Desde luego, de aquí al 14 de marzo es la hora del entusiasmo y no del debate técnico. Sin embargo, no se debe ocultar que la búsqueda de la mayor autonomía no es un fin en sí mismo, pues ella no es más que un medio en procura del mejor estar de nuestras gentes. Por eso cuando, en el segundo semestre del año, presentemos nuestra propuesta al Congreso sobre los órganos de administración de la región, sus atribuciones y los recursos para desarrollar las mismas, lo que debemos tener en mente es la necesidad de reducir aceleradamente la pobreza que hoy existe en el Caribe.

Fin para lo cual es indispensable que haya una política nacional encaminada a reducir de manera progresiva las enormes disparidades que en lo social y en lo económico existen  en el país, y cuyo instrumento debería ser el Fondo de Compensación Regional según los lineamientos que los caribeños tuvimos oportunidad de exponer a los aspirantes a la Presidencia de la República en el encuentro de octubre pasado en Santa Marta.

Política de equidad que debe ir de la mano con la decisión de acelerar nuestro crecimiento económico mediante políticas de competitividad que tengan como norte la creación de empleos masivos, de mejor calidad y mayor remuneración de las que hoy ofrece el aparato productivo regional.

Propósitos que es necesario complementar con una férrea defensa de los bienes colectivos, mediante el combate a la corrupción, a la ineficiencia, al desperdicio y a la incuria. Porque ganarle la guerra a esos males, que tanto nos golpean, presupone un acuerdo social por la transparencia, que defienda el erario como algo sagrado y eduque en defensa de lo colectivo a la ciudadanía en general. Necesitamos una relación complementaria entre el sector público y el sector privado y una sociedad civil que construya puentes entre ellos en defensa de lo colectivo.

En síntesis, el 14 de marzo voto masivo por la región Caribe y después de esa fecha defensa razonada y erguida de ese mandato para que la ley de ordenamiento territorial tenga como sus pilares la equidad, la competitividad regional y la probidad en el manejo de los bienes colectivos.