A raíz de la caída en el Congreso de la República la semana pasada de la reforma con alto rango constitucional de las reglas de la política, surgen desde una perspectiva territorial, desde la provincia colombiana, algunas inquietudes.

En el plano nacional se proponían, entre otros, que forzosamente los partidos presentaran en elecciones listas cerradas, tipo cremallera, es decir, conformadas por mujeres y hombres, la financiación estatal de las campañas y la posibilidad de los ministros a participar del gabinete del Presidente de la República. Hemos acompañado como paso importante la financiación de las costosas campañas, a sabiendas de que por la puerta de atrás podrían seguir llegando recursos millonarios a las convertidas en verdaderas empresas electorales. Por lo menos, tendrían aquellos limitados económicamente la posibilidad de participar dentro de unos rangos de financiación más justos.

La atomización de las listas abiertas, en las que se vota por la persona candidata, generó fuertes desencuentros en el trámite, con el argumento de que se impondría el bolígrafo de los directorios y los jefes únicos de los partidos. Que nuevas fuerzas se excluirían del juego y la participación política. Con el fin de ‘lubricar’ las necesarias mayorías se propuso que las listas cerradas, en la primera ocasión, se integraran por los actuales congresistas en el orden de la votación dentro de los partidos.

Con todo, la reforma no pasó, el Gobierno nacional que la había propuesto -porque también era un compromiso gubernamental nacido de los Acuerdos de La Habana- al no poder pasar aquellos cambios, manifestó que era preferible su retiro, asumiendo el costo político de una derrota.

La reforma política es necesaria y debe comprender los desafíos y restricciones que tiene la participación democrática en las regiones, en las que aún campea el desbordado clientelismo y hasta la descarada compra de votos. Naturalmente, el que tiene más dinero suele partir con una ventaja descomunal.

La integración del Senado de la Republica por circunscripción nacional, en que los candidatos buscan los votos de los colombianos en cualquier parte del país, además de encarecer la política, acentúa el divorcio de los electores y las regiones con sus voceros en el parlamento. Aunque debía conducir a mejoras políticas nacionales y transversales, lo cierto es que algunas regiones quedaron subrepresentadas y otras sobrerrepresentadas. Lo mejor es que se vuelva al régimen anterior en el cual el Cesar elegía a dos senadores, o que forzosamente por lo menos uno siempre se elija por el departamento. Los demás por la nacional. Y acompañamos la propuesta del exministro y constitucionalista Jaime Castro de que se elijan a los representantes a la Cámara por cupos según subregiones del departamento. Se trata de que el sistema actual no aumente la brecha entre la población de la provincia colombiana y los llamados y cuestionados ‘padres de la patria’ y se fortalezca la democracia en nuestros territorios.