Por Sergio Barranco

El Estado social de derecho, es una de las máximas que define la forma de organización de una nación, que impone la justicia social y dignidad humana por encima de todo, por ende nuestro país, quien toma este principio, como constitutivo de su estructura política, debe hacerle honor, aunque lo menospreciemos, con la situación de penuria, que actualmente subsiste en el sistema carcelario, la cual es angustiosa, pero que gracias a Dios, por motivos de no poder hallar como encubrir este problema, y el boicot de los medios que no renuncian a la noticia hasta no sacarle el zumo, se le ha dado la significancia que este merece.

La normatividad penal, es objeto de rectificaciones permanentemente, por la simple excusa, de que cuando el delito es insistente creemos que la solución es el aumento de penas, ¿qué podemos interpretar?, que para el cese de la actividad delictiva es imperioso que el castigo sea mas severo, mas aun cuando aquellos, que legislan consideren desproporción entre el ilícito y la condena, así como lo han hecho, jugando con el poder punitivo del Estado, a causa de suponer que con mínimos planes de construcciones se nivelarían las cargas.

En escena nos encontramos que diariamente ingresan mas reclusos a las cárceles a causa de las enardecidas ganas de hacer lo “justo”, con solo contar la cantidad de personas que un corto periodo de tiempo, alrededor del narcotráfico, terrorismo, delincuencia común, son enjuiciados y se les aplica pena de prisión, basta y sobra, para llenar un campo de concentración en Guantánamo, es por ello que la dadiva de prisión domiciliaria en compañía de ese invento ridículo de brazalete electrónico, que se le concede, desde el que se roba un cubo de caldo hasta el mas sanguinario, apartándose descaradamente de los requisitos que dicta la ley, y el mal calco del principio de oportunidad, en el que se examina si es conveniente o no la acción penal, son las pruebas de que las cárceles estaban colmadas, no hallaban la manera de desocuparlas, y hoy con la reforma al Código Penitenciario (Ley 1709 de 2014), se hace el trato mas absurdo que pueda existir, estableciendo como última medida la reclusión, a pesar de los altos niveles de criminalidad, es decir hagas y deshagas, seremos condescendientes.

Una de las funciones mas fundamental de la pena, es la reinserción social, que nunca se ha logrado, sin embargo con este escaso remiendo legislativo se le aparenta dar solución, con mas burocracia, con la creación de unidades de servicio penitenciario y carcelario, establecimientos para la integración social, tonterías que sin duda alguna quedan en el impreso, ¿motivo? un congreso que se inspira al mentir, si antes no se pensó en su reactivación, con la carga de hacinamiento, menos ahora se debe de considerar, cuando esta ronda el 52%, ¡qué gran decisión! consecuencia del inventar instituciones como hoy en día es el INPEC, debilitado, rezagado y a la deriva, con negativas por parte del Gobierno de otorgar recursos, y la espera de su colapso, solamente nos queda prepararnos para nuestro infortunio, porque este error hay que pagarlo con creces.

@Sergio_Barranco