La Reforma Política que ha presentado el Gobierno  y está en este momento en discusión en el Congreso, es todo, menos esa luz para la profundización de la democracia y de la lucha contra la corrupción que todos esperábamos que fuera. A grandes rasgos, quisiera referirme a diez puntos que la ensombrecen gravemente:

– A pesar de que la pérdida de investidura debería ser ampliada, a través de ajustes, esta reforma no solo no endurece el régimen de inhabilidades por conflictos de intereses, sino que lo deja sin efecto como causa de pérdida de investidura. Esto significa un retroceso total en cuanto a este instrumento que ha dejado por fuera del sistema a perversos dirigentes que, a causa de esta reforma, podrían entrar de nuevo al juego político.

– No desaparece la figura de la contratación de transporte por parte de las campañas, sino que queda un régimen híbrido, donde, en el área urbana, el Estado asumirá la totalidad de los costos de transporte el día de elecciones, pero, en las zonas rurales, se deja abierta la posibilidad de contratarlo por la vía privada. Esto no sólo constituye una aceptable discriminación estatal entre lo urbano y lo rural, sino que deja abierta una ventana para lavar el dinero que pueda entrar de manera clandestina a las campañas, justificándolo como “gastos de transporte”.

– No solo queda vigente la composición partidista del Consejo Nacional Electoral, sino que nuevamente se le asignan funciones electorales a las cortes, cuya inconveniencia ha sido más que demostrada, y que fue la razón que inspiró la Reforma de Equilibrio de Poderes, aprobada por el mismo Congreso hace sólo dos años.

– Las listas cerradas no van a tener vigencia sino a partir del 2022, de modo que se conservarán, en las elecciones del 2018 y del 2019, los elementos estructurales del personalismo político, las microempresas electorales y todos los vicios y debilidades que tiene el sistema, originados por la debilidad institucional de los partidos.

– Esta reforma les quita los efectos jurídicos inmediatos a las decisiones de las contralorías y las procuradurías. Esta modificación tiene nombre propio. Quieren a través de ella anular los efectos de las decisiones de la Contraloría de Bogotá y permitir, de esta manera, que Petro pueda ser candidato.

– La reforma constituye un abuso de la figura del fast track. No hay ninguna justificación para haberla presentado por este mecanismo, pues no tiene relación de conexidad directa con los Acuerdos ni de necesidad suficiente al respecto.

– Busca acabar con los grupos políticos independientes, mediante la prohibición de la figura de los grupos significativos de ciudadanos por firmas.

Y como si fuera poco, en esta reforma no sólo se peca por acción, sino también por omisión:

– No se tiene en cuenta nuestra propuesta del voto obligatorio, esencial para la promoción masiva de la democracia, para la depuración de los grupos políticos y para una cohesión del sistema que lleve a una mayor legitimidad y representatividad de los gobernantes.

– No se avanza en obligar a los partidos a establecer una paridad inmediata entre hombres y mujeres.

– Se omite brindar mayores instrumentos, espacios y garantías a los ediles, para facilitar el acceso a las JAL y el funcionamiento de las mismas. Es regresivo hacer una reforma que no tenga en cuenta a estos grupos, a los que ni siquiera se les paga la reposición de votos, ni se les permite ser contratistas del Estado, a pesar de desempeñar sus funciones ad honorem.

La nueva reforma política: decepción y amenaza para la renovación de nuestra democracia.
*Senadora de la República

Por Sofía Gaviria Correa