Al oído de la nueva Contralora:

Pasó con un bajo perfil, casi que desapercibida, la noticia sobre la elección de la nueva Contralora General de la República, la abogada externadista, Sandra Morelli.
No es fácil determinar si ese tratamiento periodístico fue así por el bajo perfil con el cual la doctora Morelli quiso manejar su elección o si sería por la gran cantidad de noticias que se produce en un país con tantos problemas como Colombia.
Lo cierto es que también pasó de agache la renuncia del anterior Contralor General, Julio Cesar Turbay Quintero, quien anticipó su retiro un mes, según se dice en el mundo político para no inhabilitarse y aspirar a la Gobernación de Cundinamarca.
La elección de Sandra Morelli, como Contralora General de la República, que además es la primera mujer que llega a ese importante cargo, debería servir para que el país hiciera una profunda reflexión y un debate amplio y abierto sobre la efectividad del actual sistema de control fiscal.
El problema ya tiene sus años: durante mucho tiempo Colombia tuvo un control fiscal previo, que propició fenómenos de coadministración y corrupción, cuando en la administración pública era más importante, la mayoría de las veces, la firma del auditor de la Contraloría General que la de los mismos gerentes, presidentes y directores de entidades públicas.
Además, la entidad tenía una gran burocracia y su titular tenía una gran influencia política por esa razón. Dos contralores se vieron envueltos hasta en el escándalo del proceso “8.000”, por su cercanía con personas de la mafia del narcotráfico.
A partir de la Constitución de 1991, el país adoptó un proceso de control fiscal posterior y selectivo; para el caso de la Nación fundamentado en la Contraloría General de la República, que tiene la gran y sagrada misión de vigilar la gestión fiscal de la administración y de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. Hoy la Constitución también permite que esa vigilancia la puedan ejercer empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
Durante la gestión del economista Carlos Ossa Escobar, la CGR vivió un profundo proceso de transformación y modernización que le dieron liderazgo a la institución, fundamentalmente sobre la tarea primordial de evaluar, analizar y discutir la calidad de las políticas públicas. Igualmente, Ossa Escobar denunció grandes casos de corrupción y adelantó importantes procesos de responsabilidad fiscal.
A Ossa Escobar lo remplazó el destacado economista de Sincé, Antonio Hernández Gamarra, quien antes había sido Ministro de Agricultura y codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Hernández continuó adelante el proceso de modernización de la entidad, organizó destacados grupos de evaluación de las políticas públicas y la entidad realizó un acompañamiento técnico al Congreso de la República, en el control político al ejecutivo. El contralor Hernández Gamarra advirtió sobre la delicada situación fiscal del país y promovió un trabajo coordinado con la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General, en la lucha contra la corrupción. Además, promovió una reforma legal al proceso de responsabilidad fiscal que hoy es ineficiente y costoso, en la medida en que no distingue la cuantía del daño fiscal.
La gestión de Turbay Quintero pasó con más pena que gloria. El país no recuerda ningún debate profundo de Turbay sobre las políticas y la gestión de Álvaro Uribe Vélez, por el contrario fue poco crítico del ejecutivo y no gestionó la reforma legal al proceso de responsabilidad fiscal, como se lo había prometido al país.
La doctora Morelli debe volver a retomar para la Contraloría General ese liderazgo perdido; que la entidad vuelva a cumplir las tareas que la Constitución y la Ley le asignan, de vigilar que la gestión pública se haga cumpliendo los principios de eficiencia, economía y equidad, con un adecuado y oportuno control financiero, de gestión y de resultados.
Además, debe gestionar una reforma al proceso de responsabilidad fiscal con el fin de hacerlo más expedito y eficiente, no como sucede actualmente que el proceso es independiente de la magnitud del daño. Se debe tasar el mismo y los de menor cuantía deben ser más rápidos y – en ambos casos-  la sanción debe ser ejemplar en la lucha contra el monstruo de la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro.
Adicionalmente, el país debe repensar también el control fiscal territorial, comenzando por el origen y el proceso de elección de los contralores departamentales y municipales, cuyos resultados en materia de control brillan por su ausencia.
La sociedad civil, las veedurías cívicas, los contribuyentes  y  la ciudadanía, en general, tienen el derecho a esperar una gestión del Estado efectiva, responsable y transparente. La gente está cansada de tantos escándalos de corrupción y que al final no pase nada, la gran mayoría de las veces. Doctora Morelli usted está llamada a liderar ese gran cambio que el país requiere en su sistema de control a la gestión fiscal.