Sin dudas este año que inicia será de mucha dinámica política y en el que los colombianos posiblemente nos tocará decidir sobre temas trascendentales que nunca antes habían sido consultados al pueblo. Me refiero, a la aprobación del referendo cuidadano denominado “por un país mejor” autorizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la resolución No 13324 del pasado 20 de diciembre de 2015, que busca modificar la Constitución y revocar el mandato del presidente Santos.

No será tarea fácil lograr este objetivo, que entre otras cosas, no es únicamente el sentir del altruista grupo promotor encabezado por la valiente ciudadana Gladys Sánchez Castro, sino de la mayoría de los colombianos que no simpatizan con el gobierno nacional, tal como quedó reflejado en los resultados del plebiscito aprobatorio de los acuerdo de paz.

Digo que no será fácil, porque a diferencia del anterior proceso democrático que no movió las fibras de los dueño de la patria y que no hubo mantequilla ni mermelada para motivar la campaña, en este si se exponen puestos, curules, nombres y apellidos de la clase política dirigente y no olvidemos que vivimos en un país clientelista y que en tratándose de elecciones y fiestas electorales se aceitan bien las maquinarias y corre como río el aguardientico, la francachela, la comilona y el contratico; como quien dice de llevarse a cabo este proceso, se avecina buena venta para las ferreterías, las cacharrerías y los estancos.

De todas maneras, el comité promotor, tiene que sudar bien la camiseta, porque deberá recoger inicialmente un 5% de las firmas del censo electoral, aproximadamente 1’750.000 rubricas.

Luego la iniciativa pasa al Congreso y revisión en la Corte Constitucional. Finalmente, si la iniciativa logra recolectar un 20% de firmas del censo electoral (8 millones aproximadamente), no necesitaría aprobación del Congreso, al tenor de lo establecido en el parágrafo 1º de la ley 1757 de 2015, que señala: “Cuando el número de apoyos válidos obtenidos para un referendo, una iniciativa popular normativa, o una consulta popular de origen ciudadano sea superior al veinte por ciento (20%) del respectivo censo electoral, el Gobierno Departamental, Distrital, Municipal o Local respectivo, o la Corporación Pública de elección popular correspondiente deberá proferir todos los actos necesarios para la realización del referendo, de la consulta popular o trámite de la iniciativa normativa según se trate, en el término de veinte (20) días”.

Pero tampoco es de fácil interpretación el escenario jurídico que faculta esta iniciativa popular, ya que si bien la ley 1757 de 2015 reglamenta expresamente la revocatoria para alcaldes y gobernadores, la constitución no excluye al presidente y faculta al pueblo por medio de un referendo aprobatorio, es como decir, que aunque la ley no nombra al presidente en la revocatoria, si el pueblo lo pide, se le debe aplicar la ley por analogía jurídica.

En lo personal no veo el asunto muy diáfano, hay que esperar los pronunciamientos judiciales del juez administrativo ahora que cese la vacancia judicial, porque habrá lluvia de demandas contra esta decisión de la Registraduría. Lo que sí está claro es el panorama político para este año, que pinta al presidente Santos con una gran preocupación que le robará la paz que se ganó con el premio nobel y al expresidente Uribe con una gran oportunidad que le devolverá los latidos de su corazoncito grande y la confianza para hacer campaña política con este papayaso.