En materia de destinación del presupuesto público siempre ha existido el dilema entre lo prioritario y lo más importante para las comunidades. Ese es un debate que siempre ha rondado a los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios que fungen como ejecutores del gasto.

En ese sentido, en los últimos tiempos cada vez es más cuestionado el tema de la financiación de las fiestas patronales y festivales folclóricos de los pueblos, municipios y capitales del país.

EL PILÓN se dio a la tarea de averiguar los costos de esos eventos en los diferentes municipios del territorio cesarense y las cifras encontradas, en cuanto a la financiación de estos, de verdad que llaman la atención. (ver informe de la edición del día primero de febrero de 2023).

El informe revela que, en el departamento del Cesar, las fiestas más costosas se realizan en Becerril, donde la administración destinó más de $900 millones para las últimas festividades que precisamente están en desarrollo en estos momentos. Es decir, ese monto se ejecuta en solo tres o cuatro días que demora ese certamen folclórico.

Ante esto, muchos suelen preguntarse: ¿cuántos programas sociales que impacten de manera directa y en forma positiva a las comunidades se podrían desarrollar con esos dineros públicos? ¿cuántas personas o familias en extrema pobreza podrían solucionar su problema de falta de alimentación?, en fin, la lista de necesidades se volvería interminable sobre lo que pudiera hacerse con ese monto presupuestal.

Pero también están los que apoyan este tipo de actividades como conservación de las tradiciones culturales de los pueblos y porque además consideran que la celebración de las fiestas patronales y festivales folclóricos de una u otra manera ayudan a dinamizar las economías locales y permiten que un gran número de familias obtengan ingresos para la satisfacción de sus principales necesidades básicas.

Desde luego que ambas posiciones tienen cierta justificación y valederos argumentos, aquí la discusión que debe hacerse es sobre los montos destinados y quién o quiénes ejercen control y vigilancia estricta sobre la ejecución de esos recursos públicos y bajo qué criterios se definieron las cuantías para financiar cada uno de los componentes de esas festividades.

Por ello consideramos pertinentes que los organismos de control les pongan la lupa a los contratos que para estos fines se elaboran en cada uno de los municipios y en la misma capital del Cesar, como también de la administración departamental.

Es necesario revisar las tarifas y precios allí definidos para cada actividad, en especial las de mayor valor como el pago de agrupaciones musicales, hospedaje de personalidades y en detalle todo lo relacionado con la infraestructura logística que requieren esas festividades.

Naturalmente que es deber de las autoridades gubernamentales preservar la idiosincrasia de los pueblos, sus valores culturales y todo aquello que afiance su identidad propia, pero de igual manera es su obligación resolver las necesidades prioritarias de sus comunidades. Frente a esa disyuntiva, la mejor decisión es buscar un punto de equilibrio y sensatez al momento de decidir la destinación presupuestal para cada cosa.