En el marco del proceso restaurativo que lidera la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y que acompaña la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Costa Caribe (SECC) de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual se denomina “Diálogos que restauran: conocer y reconocer para no repetir”, y en el que se encuentran vinculadas[1] determinadas víctimas y comparecientes ante la JEP, procedemos a informar que:
Nosotros, como ex agentes del Estado miembros de la fuerza pública y exintegrantes del Batallón La Popa: Adamir Tarazona Ríos, Carlos Enrique Ayala González, Darwin José López Orozco, Edgar Francisco Montaño Churio, Elkin Manuel Peralta Romero, Helmunk Antonio González Varela, Hermenegildo Alfonso Ustáriz Fuentes, José Gregorio Manjarrez Hernández, Juan Carlos Puello Vergara, Yefrey Enrique Serpa Mestre, Julián Enrique Sandoval Botello, Ramón Antonio Bermúdez Zapata, Ramón Demetrio Barraza Muñoz, Roger Alberto Lobo, y Toiber Blanchar Villazón, hemos transitado y apropiado este proceso restaurativo y desde lo más profundo de nuestros corazones, reconocemos nuestra responsabilidad en los hechos violentos que marcaron con dolor la historia del departamento del Cesar entre los años 2002 y 2007.
Nosotros, Elkin Manuel Peralta Romero, Helmunk Antonio González Varela, José Gregorio Manjarrez Hernández y Juan Carlos Puello Vergara reconocemos que estuvimos vinculados en los hechos en los que resultaron asesinadas y presentadas como bajas en combate por ex agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública a las víctimas relacionadas a continuación:
| No. | VÍCTIMAS | FECHA DE MUERTE | LUGAR DE EJECUCIÓN |
| 1 | Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra | 22 de junio de 2002 | Instalaciones del Batallón La Popa, Valledupar – Cesar |
| 2 | Ronal José Blanquicet Cano | 9 de septiembre de 2004 | Vereda Los Ceibotes, Valledupar – Cesar |
| 3 | Adalberto Vásquez Torres | 16 de marzo de 2005 | Finca Campo Alegre, vereda El Pekín, jurisdicción de El Copey – Cesar |
De la misma forma, nosotros Adamir Tarazona Ríos, Carlos Enrique Ayala González, Darwin José López Orozco, Edgar Francisco Montaño Churio, Hermenegildo Alfonso Ustáriz Fuentes, Yefrey Enrique Serpa Mestre, Julián Enrique Sandoval Botello, Ramón Antonio Bermúdez Zapata, Ramón Demetrio Barraza Muñoz, Roger Alberto Lobo y Toiber Blanchar Villazón, reconocemos que estamos vinculados en la práctica de ejecuciones extrajudiciales de otras víctimas a quienes se les privó de sus vidas en hechos similares a los relacionados a continuación:
| No. | VÍCTIMAS | FECHA DE MUERTE | LUGAR DE EJECUCIÓN |
| 1 | Rafael Serrano Martínez | 01 de febrero de 2003 | Vereda Tierra Alta del corregimiento de San José de Oriente en la compresión municipal de la Paz, Cesar |
| 2 | Jaider del Carmen Valderrama Ruidiaz | 22 de marzo de 2003 | Finca El Mamón, corregimiento La Mesa, Valledupar – Cesar |
| 3 | Nelson Enrique Romo Romero y Alfredo Antonio Fernández Polo | 25 de mayo de 2003 | Vereda Los Brasiles, jurisdicción de San Diego, Cesar |
| 4 | Evelio Vaca Pérez | 30 de julio de 2003 | Corregimiento El Desastre, jurisdicción de San Diego – Cesar |
| 5 | Wilfrido Chantris Quiroz | 21 de octubre de 2003 | Corregimiento de Llerasca, jurisdicción de Agustín Codazzi – Cesar |
Las víctimas de la práctica sistemática que hoy el país conoce como ‘Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’[2] o ‘Falsos positivos’, civiles que fueron asesinados basados en señalamientos de pertenecer a grupos al margen de la ley o guerrilla, argumentos que no fueron previamente corroborados por nosotros, sino que, injustificadamente fueron motivo suficiente para quitarles la vida y presentarlos como bajas en combate para mantener las cifras de resultados operacionales.
Con nuestro actuar, no solo arrebatamos la vida de las víctimas, sino que también destruyó su honra, su buen nombre y el de sus familias. La estigmatización extendió el daño más allá de la muerte, obligando a sus seres queridos al desplazamiento forzado, al silencio y a una lucha interminable por recuperar la dignidad de quienes fueron asesinados sin considerar su dignidad, la de sus familias y la de las comunidades a las que pertenecieron.
Fuimos responsables por acción no solo del delito de homicidio, sino también de la mancha a la reputación de las víctimas directas, quienes fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, les negamos incluso la posibilidad de defenderse y condenamos a sus familias a años de dolor, estigmatización y vergüenza injustificada. Criminalizamos a quienes no tenían culpa alguna, quebrantando no solo los principios más básicos del derecho, sino también la ética militar que juramos defender.
De la misma forma, reconocemos la lucha incesante de las familias de las víctimas por obtener verdad, justicia, reparación, restauración de lo más preciado que son sus nombres y dignidad y, por supuesto, la búsqueda y entrega digna de quienes además fueron víctimas de desaparición forzada.
No cumplimos con el deber de protección a la población y tampoco cuestionamos las órdenes ilegales provenientes de quienes comandaban al Batallón La Popa para las fechas de ocurrencia de los lamentables hechos antes descritos. Hoy somos conscientes de que eso nunca debió ocurrir.
Con nuestro accionar y nuestro silencio, generamos un daño profundo a comunidades enteras, desestabilizamos hogares donde hijos, padres y hermanos, eran el sustento principal, les quitamos no solo a un ser querido, sino también la seguridad económica, la tranquilidad de sus vidas y el amor. Este daño no se mide únicamente en cifras, sino en el sufrimiento invisible de madres, padres, hermanos e hijos que aún buscan verdad y justicia.
Este daño no se repara con una declaración, pero creemos que el primer paso es reconocer públicamente la verdad y denotar nuestra firme intención de contribuir al establecimiento pleno de la misma. Estamos comprometidos con la justicia, con la restauración y, sobre todo, con que esto no vuelva a ocurrir jamás. Que esta verdad sirva de ejemplo para las generaciones futuras, para que nunca más una madre tenga que enterrar a su hijo inocente soportando el injusto peso de la calumnia y la mentira sobre sus hombros.
Dignificar a las víctimas es más que pedir perdón: significa reconocer el daño, limpiar su nombre, devolverles la voz a sus familias y reconstruir la confianza en las instituciones. Este es nuestro compromiso con la memoria, con la construcción de la paz, con la justicia restaurativa y con la historia de este país.
[1] Resolución SDSJ-SECCC-JMHS No. 563 del 24 de febrero de 2025.
[2] Caso 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado”- Subcaso Costa Caribe.
