Mientras los sistemas educativos del mundo desarrollado se están preparando para enfrentar la irrupción de la denominada IV Revolución Industrial, en Colombia la masa estudiantil universitaria tiene que marchar para preservar el derecho a la educación.

Las universidades del siglo XXI, están enfocando sus esfuerzos en los cambios del mercado laboral calificado, desarrollo incesante en ciencia y tecnología, mayor competencia entre instituciones, demandas del sector productivo/servicio, adopción de modelos de gestión empresariales para poder competir y sobrevivir institucionalmente, acreditación, intercambios, virtualización y alianzas estratégicas.

El panorama educativo global ha cambiado velozmente en los últimos años impulsado por dos fenómenos principales: el fortalecimiento de la economía del conocimiento y el crecimiento exponencial de la cobertura en Educación Superior. En Colombia hace 25 años, las transferencias para educación eran de 4.2 del PIB, actualmente, corresponde a 4.6.

Según la Asamblea Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), realizada el año pasado, para el año 2025 se espera alcanzar el 75% de cobertura en educación superior, porcentaje que actualmente no supera el 52%. No obstante, consideran necesario modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en los que se define la financiación.

Resolver el inconveniente de desfinanciamiento de la universidad pública, no es un asunto sencillo. Este problema ha venido engordando, con la expedición de la Ley 30 de 1992. Por eso es absurdo desconocer la voluntad del gobierno nacional, mediante el aumento de $500 mil millones en el presupuesto de la educación para 2019. Ciertamente, es insuficiente, sobre todo, para la expectativa prevista por el gobierno, relativa al cubrimiento de 80 mil nuevos cupos dirigidos a los estratos 1 y 2; asimismo, para afrontar el proyecto de formación profesoral y la versión que sustituye al programa ser pilo paga.

La desigualdad es tema recurrente por parte de organizaciones especializadas, como Naciones Unidas, la Cepal y Oxfam. Estos centros de observación global todos los años ponen en los primeros lugares del ranking a Colombia. La Educación es la única fórmula para cerrar estas brechas y salir de la pobreza. Benjamín Franklin decía, una inversión en conocimiento paga el mejor interés.

Hay que buscar los caminos presupuestales, para garantizar el derecho a la educación. Apremia crear estrategias como la gestión y articulación interinstitucional, para el diseño de políticas públicas, en aras de reforzar los recursos propios de las 32 universidades públicas del país, mejorar la infraestructura y contar con profesores de planta, formados con enfoque dirigido a la calidad educativa.
Por Luis Elquis Díaz @LuchoDiaz12