Una comisión conformada por el CTI de la Fiscalía, la Sijín, la Contraloría y Procuraduría General se tomó las instalaciones de la Gobernación del Cesar para realizar una inspección sobre los procesos de contratación que realizó el gobernador, Luis Alberto Monsalvo, durante la emergencia del coronavirus.

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La diligencia se llevó a cabo, durante todo el día jueves, en aras de recaudar elementos materiales probatorios en las indagaciones preliminares que se adelantan en contra de la Gobernación por posible sobrecostos.

“El caso de la Gobernación del Cesar es complejísimo porque son más de cuarenta contratos con alcaldes del departamento y aparecieron fundaciones que no cumplen con la idoneidad para seguir adelante con el objeto de ser contratadas”, dijo el procurador general, Fernando Carrillo,  en una reciente rueda de prensa.

En la delegación está la directora de la seccional de Fiscalías del Cesar, Lucila ‘Lucy’ Mercedes Vidal Luque, la procuradora regional del Cesar, Margarita Cuenca y el gerente regional de la Contraloría General, Limar Blanco.

LO QUE BUSCAN

EL PILÓN conoció que la recolecta del material documental  y demás es en virtud de analizar si hubo irregularidades, todo esto  dentro de las indagaciones preliminares que se adelantan en contra del gobernador del Cesar.

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Además de verificar la manera en que la administración departamental cotizó con los proveedores y las fundaciones que aparecen en los contratos.

De corroborarse las sospechas de las irregularidades los entes podrían abrir formalmente un proceso disciplinario y penal contra los responsables.

Fuentes de la Gobernación del Cesar aseguraron que la inspección fue parte de un proceso rutinario dentro de la indagación preliminar. “Los funcionarios de la Gobernación estuvieron atentos para entregar documentos, testimonios,  para que con las pruebas suficientes se tome una decisión”, señaló Arturo Calderón, asesor de la entidad departamental.

“Desde la Gobernación tenemos la tranquilidad que las cosas se hicieron cómo debían hacerse. Ante la emergencia sanitaria se dio la posibilidad de contratar sin estar pegados a la norma de Ley 80 de 1993. Segundo, se quiso democratizar la contratación por municipios; se abrió a muchos proveedores para hacer las cosas más rápidas. No tenemos ninguna clase de sobrecostos, como entidad nos cobran unos impuestos, hay que pagar unas estampillas, un cargue y un descargue”, aseguró Calderón.

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LA INDAGACIÓN  E ‘IRREGULARIDADES’

Cabe recordar que la Procuraduría General  anunció la apertura de una investigación preliminar contra el gobernador del Cesar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Hernández, para suscribir 37 contratos por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados.

Precisamente, hace unos cinco días los organismos entregaron un parte sobre las pesquisas por la entrega de kits de víveres y aseo para población vulnerable en el departamento en el marco de la emergencia por la pandemia.

De acuerdo a la Contraloría General de la República, en el contrato CD-SGR-0571-2020 del 26/03/2020 suscrito con Fundación Visión Caribe para adquisición de 2900 kits de mercados, se encontraron posibles sobrecostos.

“Si se toma el valor total de los 2.900 kit del contrato; se presenta la siguiente diferencia entre el Valor del contrato ($367.140.000) frente a precios referencia de Colombia Compra Eficiente ($ 268.090.790), con un presunto sobrecosto de  $99.049.790, correspondiente a 37 %”, indicó la Contraloría al abrir la indagación preliminar.

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De igual manera, el ente notó presuntos sobrecostos en los suscritos con Servicios Integrales Del Caribe Colombiano, Fudsocial y Granero La Delicia de La Paz.

Es así que la Procuraduría General de la Nación pidió al gobernador de Cesar suspender la liquidación de contratos por más de $14 mil millones hasta verificar su correcta ejecución.