Por Nurys Pardo Conrado

El Ministerio de la Tecnología Información y las comunicaciones en Colombia, tiene como objetivo diseñar, formular, adoptar y promover políticas, planes, programas y proyectos del sector de TIC, concordantemente con la Constitución y la Ley, en aras de contribuir al desarrollo económico, social, político de la Nación, en la búsqueda de fortalecimiento, cobertura, competitividad y avance tecnológico.

Por su parte la ley 1341 de 2009, determina el marco general para la formulación de las políticas públicas en el sector de las TIC, régimen de competencia, la protección al usuario, la calidad del servicio, la promoción de la inversión, regulación, control, vigilancia, facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la información.

Todo lo anterior suena muy bien, pero, en la práctica las cosas son a otro precio,  las empresas que prestan estos servicio hacen con el usuario lo que quieren, abusan de su poder, tanto así que, si un cliente tiene su servicio al día en el pago de los combos o tríos que ofertan (Televisión, internet, telefonía local y larga distancia), y le ocurre un daño debe acudir a la llamada telefónica y paradójicamente no le prestan atención, porque  una grabación del sistema automáticamente le informa que usted tiene una deuda pendiente con nosotros y cortan la comunicación de inmediato, dejando al usuario indefenso ya que no puede acceder a la solución del daño por que la empresa lo tiene reportado como si tuviese  deuda cuando ello no es así y las autoridades de vigilancia y control ni fu ni fa, pues si se ha despersonalizado la atención al usuario, se debe implementar mecanismos que protejan estas situaciones anómalas  y perjudiciales para el cliente.

En Colombia por ser un Estado social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad de toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales, en especial el derecho de gozar de una calidad de vida, el derecho al agua se erige como vital, por ello las instituciones y autoridades están llamadas a asegurar el goce efectivo de este servicio, de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

Igual que lo anterior,  se queda en letra muerta, cuando la gran mayoría de nuestros municipios consumen agua no apta para el ser humano,  se habla mucho y se actúa poco por parte de los gobernantes de turnos, pero es sí es un caballito de batalla para las campañas electorales y los problemas siguen ahí latentes y el pobre pueblo que sufra, quien espera con la paciencia de Job que venga un gobernante que cumpla con su deber misional frente a los servicios públicos domiciliarios. “Amanecerá y veremos decía el ciego, amaneció y nunca vio”.