A raíz del atroz crimen de cuatro niños de 4, 10, 14 y 17 años, hecho ocurrido en Caquetá en la vereda El Cóndor (Florencia), el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, propuso que se reviva en el Congreso el debate sobre la cadena perpetua para crímenes atroces, propuesta con la que estoy totalmente de acuerdo.

Sin embargo un gran sector de la sociedad colombiana y muchos amigos vallenatos de manera recurrente han insistido en el restablecimiento de la pena de muerte para delitos como el secuestro, el terrorismo o asesinatos masivos como el de los niños y otros hechos atroces.

Tales propuestas surgen generalmente, como una reacción contra ciertos actos de violencia que, por su gravedad como el actual, afectan de manera notoria la participación ciudadana de seguridad y hacen poner en duda la efectividad del Estado para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, esas propuestas se hacen siempre al calor de los acontecimientos y sin ninguna discusión previa que permita a las personas y comprenden, a través de su participación en el debate la naturaleza de la sanción eliminatoria y sus efectos sobre los derechos humanos de los procesados, las posibilidades que entrañan hacen irreparable el error judicial.

Los partidarios aducen que esa pena es una justa retribución del acto cometido, defienden la armonía social, previenen la comisión de nuevos delitos y goza del respaldo de la mayoría de la población. En el fondo, la posición de los defensores de la pena de muerte se origina de un deseo de venganza que surge como respuesta intuitiva, cuando se tiene noticia de hechos singularmente crueles.

El restablecimiento de la pena capital va en contra de nuestra tradición jurídica. Desde 1886 hasta la fecha, con una breve interrupción durante el periodo 1886-1910, nuestro país ha renunciado a sancionar penalmente con la muerte. Inclusive en la hipótesis de que nuestro país decida restablecer la pena de muerte originaría una reforma a la Constitución Política. Es más ante los defensores de la pena de muerte es difícil o resulta inútil sostener que ella ofende profundamente la dignidad humana, constituye la negación más radical de los derechos de las personas y hace prevalecer un supuesto derecho del Estado a castigar con la privación de la vida.

Si Colombia desea hacer frente al delito de una manera eficaz y dar soluciones pacificas y racionales a los conflictos que se presentan entre los ciudadanos debe optar por la realización de la justicia social. Solo así logrará el Estado cumplir cabalmente sus deberes institucionales de asegurar la convivencia pacífica y el orden justo. Sin duda alguna ninguno de los problemas del país se resolverá matando. Esta es mi opinión.