En segunda instancia, la Procuraduría Provincial de Ocaña ratificó la inhabilidad del exsecretario de Gobierno Departamental, Manuel Rodolfo Márquez, por actuaciones durante su gestión como alcalde en el municipio de Río de Oro, Cesar, en la vigencia 2012-2015.

A los pocos días de haberse posesionado, en enero de 2017, la Procuraduría Provincial de Ocaña, en primera instancia, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.

LLEGADA de MÁRQUEZ A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Después de dos meses sin secretario de Gobierno Departamental, el 10 de enero de 2017 tomó posesión Manuel Rodolfo Márquez como nuevo jefe de la dependencia. El anterior encargado, Delwin Jiménez, había renunciado al cargo el 3 de noviembre del 2016.

Márquez es graduado como administrador de empresas y había ejercido como alcalde del municipio de Río de Oro entre los años de 2012 y 2015, además de su paso como asesor en el Ministerio de las Tic.

Fue justamente de su paso de la Alcaldía donde nació la presunta irregularidad que lo tiene inhabilitado por 10 años.
La decisión se produjo tras una queja presentada ante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades cometidas por el funcionario al firmar un contrato con una fundación para realizar distintas actividades sociales.

LA RESPUESTA DE MÁRQUEZA Y LA RATIFICACIÓN DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Márquez apeló la decisión y presentó las pruebas para desvirtuar dicha inhabilidad. Su propósito era demostrar que no había violado el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades en la celebración del contrato con una fundación en momentos que fungía como alcalde.

En su defensa, Márquez nunca habló de persecución política o revanchismo.

“En el ejercicio que le corresponde a la Procuraduría es hacerle seguimiento a los procesos que se inician, sin embargo no podemos desconocer que existen presiones políticas para remover todas estas cosas, pero tenemos la confianza de que se obre en derecho y se falle a nuestro favor”, aseguró en su momento.

Este no es el único proceso que Márquez ha enfrentado en la Procuraduría. Mientras se desempeñaba como alcalde fue suspendido por dos meses por falta grave a título de culpa por no estar vigilante de sus funcionarios y sus responsabilidades, lo que básicamente se convirtió en un acto sancionado como prevaricato por omisión.

Aunque en su momento el fallo emitido no afectaba las funciones de su cargo porque la decisión no ha quedado en firme, con la ratificación en segunda instancia fue retirado del cargo.

A la Gobernación llegó la notificación de segunda instancia el 27 de diciembre del año pasado.

EL PILÓN se contactó con el funcionario para conocer su posición, sin embargo, aseguró que prefiere guardar silencio y seguir con su defensa.

Ante la remoción del cargo, en la Gobernación encargaron a la secretaria general, Lorena Hernández, mientras se elige al nuevo secretario de Gobierno en el último año del gobernador de Francisco Ovalle al frente de los destinos del Cesar.

DEIVIS CARO DAZA /EL PILÓN
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