Horas después de que el agricultor Ramón Enrique Cárdenas Soto y un amigo llegaran a un billar del corregimiento de Media Luna, zona rural del municipio de San Diego, el ambiente de agasajo que había en el lugar de manera repentina cambió por una inesperada visita. 

Soldados del pelotón Albardón 1 llegaron pidiendo los documentos de identificación a los usuarios del lugar, pero al momento de regresar la cédula lo hicieron con todos menos con Cárdenas Soto.  

“Le dije que (…) fuera y se la reclamara al capitán Aldana, ya de ahí me fui a mi punto de control nuevamente donde yo me encontraba”, recordó el entonces cabo Víctor Orejarena Arenas, en una versión libre que entregó el 28 de septiembre de 2020. 

Pero ese domingo 9 de noviembre del año 2003, Ramón Enrique Cárdenas decidió irse a descansar a la finca donde residía con su familia y al llegar manifestó a sus padres que no tenía sus papeles y que en la tarde del 10 de noviembre lo había citado el Ejército para entregarlos.  

El hombre partió en su vehículo a cumplir la cita para recuperar sus documentos de identificación y al llegar encontró todo un plan criminal. Los uniformados lo retuvieron por un día y medio, lo obligaron a cambiarse de ropa con un suéter verde y un chaleco de campaña, y después un soldado se encargó de matarlo. 

LA BÚSQUEDA 

En la madrugada del 12 de noviembre, cuando la tropa se disponía a ingresar en un vehículo unos víveres, el comandante de pelotón informó a sus subordinados que iban ‘a presentar una baja’ e ingresó en el mismo carro el cuerpo sin vida del agricultor. 

Lo presentaron como una persona no identificada perteneciente a las Farc que murió en un combate. 

“Un hecho que, a diferencia de los anteriores, implica una selección previa de la víctima que es atraída para poder retenerla en medio de acciones de control de área, luego asesinada y presentada como baja en combate. La víctima estuvo retenida al menos un día, con miras a que su muerte coincidiera con el abastecimiento de víveres para facilitar el traslado del cadáver”, concluyó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en un auto de imputación. 

Durante ese tiempo los familiares adelantaron la búsqueda del hombre conocido por las labores del campo. Sin embargo, no consiguieron rastros de sus huellas. 

“Mi marido empieza a investigar al Ejército si le habían entregado los papeles, entonces ellos (…) le decían que le habían entregado los papeles (…) ya el martes bajé yo de la finca y la noticia fue que estaba desaparecido, entonces seguimos investigándole a ellos inclusive uno de ellos me dijo que le estaba haciendo volar la checa (provocar rabia) de tanto preguntar”, dijo Francisca Soto Ramírez, madre del agricultor en una declaración jurada del 9 de diciembre de 2003 ante las autoridades.  

Otros uniformados, al parecer, en busca de tranquilizar a los familiares inventaron que Ramón Cárdenas se había ido a trabajar con ellos. 

“Nada que mi hermano aparecía y llegaron unos soldados o militares en ropa de civil a la casa de nosotros a decirle a mi mamá que no se preocupara por él porque mi hermano se había quedado trabajando con ellos que un día de estos él venía a visitarla”, manifestó Elsa Cárdenas en una declaración que también entregó a las autoridades. 

Pero durante la búsqueda los familiares dieron con la verdad: el cuerpo de Ramón Cárdenas se encontraba en un cementerio y había sido presentado como guerrillero. 

Una farsa que prontamente salieron a desmentir y ocasionó una investigación por parte de la justicia ordinaria con la Fiscalía 67 Especializada UNDH.

Cárdenas era agricultor, sembraba café, plátano y yuca en la misma finca de los padres, donde había hecho una casa para residir con sus dos hijos. 

LOS INVOLUCRADOS 

El crimen de Ramón Cárdenas Soto fue reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz por los exmilitares Harold Clausen Muñoz y Víctor Orejarena Arenas. 

Pero este último en su versión libre enfatizó que él solo cumplió con una orden que le dieron de pedir la cédula. 

“A mí me dicen: «vaya al billar» y ahí con este nombre que, no recuerdo el nombre porque yo lo apunte en un papelito, fui y lo verifiqué, le pedí la cédula”, dijo Orejarena, quien agregó que lo que sucedió después fue responsabilidad de Abalardón 1 y el capitán que fue quien pidió que el ciudadano lo buscara para reclamar la documentación.

 “La destrucción de documentación hacía parte de la simulación, ya que los integrantes de grupos armados generalmente no eran portadores de sus documentos de identidad. Por lo demás, contribuía a encubrir los asesinatos, dado que la falta de identificación de las víctimas aseguraba que no hubiera disputa o contradicción sobre el dicho de los militares en torno a las circunstancias en las que habían sido reportadas las muertes. Así, esta Sala determina que la destrucción de los documentos de identidad de las víctimas y su presentación como no identificadas procuraron la impunidad de estos hechos y entorpecieron el acceso a la justicia de sus familiares”, precisó la JEP.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN

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