Él estaba con su mamá, los hermanos y su padrastro en la finca El Castillo, cuando los hombres vestidos con camuflado y botas de caucho pasaron por el predio, lo miraron y lo llamaron.  

Rafael Serrano Martínez, de 27 años, atendió el requerimiento y se acercó, pero de un tajo los uniformados del pelotón Albardón 3 se lo llevaron contra su voluntad, obligándolo a seguir el paso de ellos por la vereda La Laguna, área rural del municipio de La Paz. 

La madre del joven, Virgelina Martínez Uribe, enseguida mandó a otro hijo a que llevara el documento de identificación de Rafael Serrano para que no quedara retenido. Sin embargo, el esfuerzo no tuvo mérito de resultado. 

Los soldados dijeron que tranquilos que a él lo soltaban, que si no lo hacían ahora lo dejaban en el Batallón La Popa. Ninguna de las dos opciones cumplió los militares. 

Contrario sucedió con Naun Quintero Becerro, un vecino de la zona que también agarraron y después soltaron por presión de los familiares que durante 15 minutos los persiguieron ese 1 de febrero del año 2003 siendo aproximadamente las 8:00 de la mañana. 

“Lo soltaron al ver que la madre y la hermana no se le despegaban; mi mamá como no lo siguió al Ejército [sic], sino que lo dejó solo [sic] el mismo Ejército dijo que a “éste no hay quien lo reclame” (…) y le dijeron a mi mamá que ellos solamente le iban a hacer unas preguntas a mi hermano, que lo reclamara en San José o en el Batallón La Popa”, manifestó Sergio Serrano Martínez, en una declaración juramentada ante la Fiscalía el 10 de febrero de 2003. 

EL CAMINO 

Los militares llevaron a Rafael Serrano Martínez a la vereda Tierra Alta del corregimiento de San José de Oriente donde tenían claro que su destino sería la muerte. 

Y más cuando un oficial de rango superior, integrante del Batallón Contraguerrillas N° 2 Guajiros, que acompañó la operación habría indicado que Rafael era guerrillero, “que en la casa donde lo cogieron tenía unas fotos con el camuflado de las FARC y que él se la pasaba amenazando a la gente de toda esa región”.

El entonces comandante de Albardón 3, el subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía, con aquellas palabras justificó la retención ilegal del joven jornalero, quien también había sido señalado de subversivo por un guía.  

“Tenía una persona retenida, (…) que supuestamente (…) era guerrillero (…) de las FARC y que él se la pasaba amenazando a la gente de toda esa región. Bueno… eso fue lo que dijo el capitán”, acotó Álvarez Mejía en versión libre el 18 de marzo de 2018.

Agregó que el jefe del pelotón guajiro dio la orden de matar a Rafael Serrano. No obstante, el encargado de realizar esa tarea, el soldado (r) Juan Carlos Soto Sepúlveda, aseguró que quien ordenó la muerte del joven fue su mismo comandante, Eduart Álvarez. 

Soto Sepúlveda confesó que asesinó a Rafael Serrano Martínez de un disparo a corta distancia en el cráneo. Después, el Batallón Contraguerrillas N° 2 Guajiros y Albardón 3 simularon un combate para acomodar el cadáver. 

“Llegó el capitán de los Guajiros y le puso un truflay al lado (…) se hicieron lo tiros con la M60 y dijo: «bueno ya recójanlo»”, recordó Juan Carlos Soto Sepúlveda, en su versión voluntaria ante la JEP dada el 30 de agosto de 2019. A pesar de que a Rafael Serrano lo tildaban de ser de las Farc, lo presentaron como un guerrillero del ELN muerto en combate en una operación conjunta denominada Delta. 

Pero una vez el cuerpo ingresó a Medicina Legal de Valledupar, la familia que lo estaba buscando y que había ido al Batallón La Popa a preguntar por Rafael, en seguida notó que se trataba de un falso resultado. 

LA PRENSA 

Los familiares las primeras denuncias la hicieron ante EL PILÓN que registró la noticia de la muerte del joven el 3 de febrero del año 2003. En el artículo, los parientes aseguraron que Rafael Serrano cuatro años antes había prestado el servicio militar en el Batallón La Popa. 

Además, facilitaron la fotografía que tenían de él con el uniforme cuando hizo parte del Ejército Nacional. 

LOS INVOLUCRADOS 

La familia también dio las declaraciones ante la Fiscalía por la denuncia que hicieron, pero no obtuvieron un resultado inmediato. 

“En esa investigación esta Sala encontró que la Fiscalía recibió varias declaraciones de testigos que aseguraban que él había sido llevado vivo por miembros del Ejército y luego presentado como baja en combate y, sin embargo, remitió las diligencias a la Justicia Penal Militar que, sin siquiera pronunciarse sobre lo declarado se inhibió en favor de los procesados”, consideró en un auto la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. 

Solo años después llegó la justicia para la familia Serrano que se ganaba la vida con las actividades del campo. Los exmilitares Eduart Gustavo Álvarez y Juan Carlos Soto reconocieron la ejecución extrajudicial al someterse a la JEP. 

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN 

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