Esas tres (repetidas) palabras le han de pesar por siempre a Jesús ‘Santrich’ de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -Farc- por lo penetrante y dolorosamente cínicas. Y paradojalmente su extradición pasa por interrogantes de equivalente sentido pero expresados con la seriedad debida.

En el punto la opinión debe ser en derecho o jurídica no en emocional postura partidista o política, no obstante que la extradición tenga componente de política de Estado. Los EEUU ha requerido la extradición de ‘Santrich’ un ciudadano colombiano que es miembro de un nuevo partido político derivado de un grupo rebelde que signo un Acuerdo de Paz con el Gobierno de Colombia.

Todo indica que el Estado requirente acreditó ante el Fiscal General de la Nación, la nota que evidenciara la urgencia para que Martínez Neira haya proferido orden de captura con fines de extradición. En este caso concreto no ha habido (hasta la fecha) solicitud formal de extradición de EEUU sino una petición ex antes. Y ello es jurídicamente factible.

Ahora, lo que se le ha escuchado al Fiscal General Martínez Neira son explicaciones indudablemente problemáticas -que algún día tendrán revelación comprobada- porque el escenario posible es que a ‘Santrich’ se le venía adelantando en el Estado requirente un proceso penal -luego de la firma del Acuerdo de Paz- y contra él se profirió una “acusación o su equivalente” lo que se conoce allá como el “indictment” por un delito considerado (asimismo) como tal en nuestra legislación patria, esto es, conspiración para ingresar y distribuir droga en los Estados Unidos. También todo indica en grado de tentativa no de consumación del delito, ni mucho menos de agotamiento.

Martínez Neira ofrece elucidaciones complicadas referidas a unas líneas de investigación en Colombia relacionados con los recursos del denominado postconflicto -dice- que en tal marco se recabaron elementos materiales probatorios que en ejercicio de cooperación judicial con autoridades extranjeras fueron compartidas con EEUU y esos medios cognoscitivos sirvieron para que este Estado requirente solicitara la extradición de ‘Santrich’. Sin ambages, como la Fiscalía colombiana no tiene competencia para investigar ni acusar a ‘Santrich’ por presuntas conductas punibles cometidas después de la firma del Acuerdo de Paz, entonces la ruta fue raudamente compartir material probatorio para con esa visión propiciar un tremendo lío y poner en pelos de punta el proceso de paz.

Porque si el Fiscal General no tuviera recia formación inquisitiva, lo que le correspondía haber hecho era remitir el material probatorio recaudado para que la Jurisdicción competente, esto es, la JEP llevara a cabo lo que por competencia le perteneciera. Se trataba, al rompe, de la presunta comisión de un delito por una persona signante del Acuerdo de Paz que tiene prevista unas reglas de investigación y juzgamiento en sede de justicia transicional. Pero no. Eso no era eficientísmo penal del sobrevenido talante de Martínez Neira, quien debe estar bailándole la mollera por haberse metido de public prosecutor.

Además, lo obvio. Hay que hacer trizas a toda costa el proceso de paz. Judicial y extrajudicialmente. Y se logró porque pronto morirá ‘Santrich’ por inducción al suicidio y mortis causa vendrá la desbandada. Igual, el nuevo Presidente Duque, procurará las modificaciones que nunca aceptará la Farc como otra parte signante del moribundo Acuerdo de Paz. Omnibus est.