Los empleadores del Cesar ven con buenos ojos la decisión tomada por el Gobierno nacional con el anuncio del subsidio a las nóminas de las empresas que se han visto más afectadas en sus ventas por la pandemia de la covid-19, decisión que se originó por la declaratoria de la emergencia económica.

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La iniciativa que surge como un salvavidas temporal para los empresarios, busca que estos puedan seguir con el pago de las nóminas y ante todo evitar el desempleo, que sobrevendría ante la consecuencia lógica de una empresa que no genera ingresos al dejar de facturar por las suspensiones que el mismo Gobierno decretó para evitar el contagio de lo que en el mundo hoy es pandemia.

En palabras claras: el Gobierno nacional estableció para el empleador (no se suma al salario del empleado) un subsidio equivalente al 40 % de un salario mínimo legal vigente como auxilio para que la empresa pueda seguir sosteniéndole su pago; la cifra equivale a un giro de $350 mil por cada trabajador durante tres meses. Los recursos provienen de la inversión forzosa de las entidades bancarias en títulos de deuda del Gobierno y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Según Octavio Pico, presidente ejecutivo de Fenalco, en el Cesar hay más de 15 mil empresas grandes o pequeñas que si cumplen con los requisitos y gestionan la documentación requerida podrían resultar beneficiadas.

“Con el decreto de confinamiento todas las empresas tuvieron que cerrar, hablo del sector de manufacturas, hotelero, restaurantes, bares, espectáculo, comercios y otros, cuyas ventas se redujeron a un 90 %, otras hasta el 100 % incluso las ESAN (entidades sin ánimo de lucro) vieron sus ingresos reducidos hasta en un 70 %”, indicó.

Todas las empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes tendrían derecho a este subsidio, no obstante, deben cumplir algunos de los siguientes requisitos: que hayan tenido una reducción del 20 % en su facturación o ventas frente al mes de abril de 2019, esta situación debe estar certificada por el contador o revisor fiscal de la empresa.

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Tener bancarizada su nómina para hacer más expedito el trámite;  es decir, que si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero por ese mismo medio llegará el monto. Si no tienen la nómina bancarizada, deben certificar que han pagado la seguridad social a través de la planilla PILA.

El Ministerio de Trabajo proyecta que unos seis millones de empleados resulten beneficiados con este subsidio (garantía de que les seguirán pagando sus salarios por lo menos por otros tres  meses), mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reveló que la medida tendrá un costo mensual de $2 billones y que se adopta para ‘blindar’ el empleo y el flujo de caja de las empresas. Hay que aclarar que el sistema financiero no recibirá porcentaje alguno como mediador de los desembolsos, advirtió el Gobierno.

El aparato de vigilancia financiera estatal comprobará que estos recursos no sean desviados por las empresas para otros fines y aclara que quienes violen el objeto de la medida incurrirán en sanciones al caer en ‘fraude a subvención’ delito tipificado en el código penal.

Al intentar consultar al delegado del Ministerio de Trabajo en el Cesar, Assad Rais Gámez, indicó que por directriz nacional contempladas en la circular interna 040 del 13 de mayo, mientras dure el estado de emergencia no está autorizado para entregar declaraciones.  

“SE TRATA DE EVITAR LA DESTRUCCIÓN DEL EMPLEO”

Para el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco en el Cesar, Octavio Pico, la intención es evitar que desaparezcan las empresas y con ello los puestos de trabajo. “Se trata de evitar la destrucción de los empleos por vía del esfuerzo de todos: Estado, empleados y empresas, con una mayor carga para estas últimas golpeadas con más de dos meses sin facturar, sin estas ayudas como este subsidio es difícil mantenerse”.

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Si bien es cierto que el riesgo de contagio por la covid-19 es letal, el cierre de las empresas tiene iguales efectos. “Porque si no nos mata el virus nos mata el hambre al desaparecer todos esos puestos de trabajo y la economía colapsaría. Si bien ya se han abierto renglones que dinamizan la economía del país, sin este esfuerzo en el que nosotros como Fenalco también nos dimos la tarea de convencer al gobierno, es imposible y los empleadores tendrían que despedir a sus empleados y de allí vendrían las demandas y todo sería un caos económico”.

La propia Federación Nacional de Comerciantes en el Cesar ha sentido en ‘carne propia’ los embates de la economía en temporada de covid-19.

“Nosotros no peleamos por los afiliados nuestros. Trabajamos para todos; mil 500 personas se benefician, 120 afiliados son beneficiarios y de estos por lo menos 80 nos han pedido cuentas del qué hemos hecho como agremiación por ayudarlos, pero en esto o ganamos o perdemos todos”, explicó Octavio Pico. Fenalco Cesar revela un oscuro panorama, como lo es un 100 % de pérdidas por venta de acciones formativas e igual porcentaje por el alquiler del auditorio que representa otros de sus ingresos, sin embargo anima a seguir trabajando.

“ESTAMOS ESPERANDO LOS GIROS”

En la empresa Gastrocesar donde hay en nómina 17 profesionales y la organización es una de sus principales políticas, todos los requerimientos hechos por el Gobierno nacional para aplicar al subsidio se hicieron; la documentación ya fue enviada y se está a la espera que lleguen los giros, manifestó su propietario el médico cirujano gastroenterólogo Juan Carlos Lara Ustáriz.

Esta organización está abocada a dobles condiciones que la dejan en un posible escenario de vulnerabilidad por tratarse de una institución que está en el sector salud. La idoneidad y experticia de los profesionales que allí se desempeñan, el riguroso cumplimiento de los protocolos y la efectividad del trabajo que realizan los mantiene en un alto estándar y preferencia de las EPS, IPS o personas que consultan de manera particular; pero con la llegada de la covid-19 la rentabilidad ha bajado de manera ostensible.

Cuatro auxiliares, dos secretarias, una aseadora, una facturadora, un gerente, un asistente de gerencia, un asistente de calidad, un contador, un especialista en salud ocupacional, un anestesiólogo, dos gastroenterólogos y el propietario Juan Carlos Lara, quien también está en nómina por ser un empleado más, suman los 17 colaboradores a los que la empresa ha pagado puntualmente sus honorarios con o sin pandemia, sustentando a por lo menos 60 personas.

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Lo que no se sabe es hasta cuándo la empresa seguirá -por el flujo de pacientes- honrando su compromiso.

“La medida es buena y en algo nos ayuda como empresarios.  Pero viéndolo desde el punto de vista de gastroenterología y medicina como tal, esto no es un problema (la covid19) que va a pasar en dos, tres o cuatro meses. Podría pensar que pueden pasar hasta dos años.  De hecho hemos hasta tenido que cambiar nuestra manera de trabajar, nosotros hasta febrero de este año teníamos una facturación casi del 100 % lo que nos daba para pagar nómina, proveedores y dejaba un margen de rentabilidad, pero todo eso cambió porque la gente por miedo al contagio ni las clínicas visitan y eso nos incluye porque todo el mundo le tiene miedo a la enfermedad”, aclaró Lara Ustáriz.

La subsistencia de las empresas estará abocada a varios factores, uno de ellos la continuidad de los subsidios o ayudas del Estado o el redimensionamiento de tarifas en el cobro de los servicios.

“Nosotros manejábamos un promedio de 60 pacientes por día con precios en nuestros servicios endoscópicos en el margen de la rentabilidad. Hoy si llegan 25 al día son muchos, lo que quiere decir que hemos bajado a más de un 50 %.  Y todo va a ser así. Por ejemplo, los aviones no volarán con 200 pasajeros sino con 50, entonces eso va a encarecer los tiquetes porque la compañía se vería obligada a cobrar lo que pagan cuatro pasajeros a uno solo”, contrasta el gastroenterólogo.

A lo anterior se suma que por operar en el sector de la salud, los protocolos de bioseguridad se duplican y el gasto en esos equipos también. “Hace poco que reabrimos, para arrancar y mantener seguros a nuestros pacientes y mis empleados contra la covid-19, invertimos $6 millones en equipos y material de protección y desinfección.  Ahora son 3 pares de guantes por cada integrante, adiciónele los trajes y las mascarillas porque esta es una responsabilidad muy grande con todas las familias”, puntualizó el especialista Juan Carlos Lara.

“DE NUESTRA OPERACIÓN DEPENDEN MÁS DE 200 PERSONAS”

Con unas ventas que han venido año tras año en descenso, para los directivos de la Ferretería Cesar mantener el negocio a flote se ha convertido en una verdadera proeza pese a que en Valledupar y el Cesar el sector de la construcción había mantenido un regular crecimiento. Sin embargo, la tenacidad de mantener un negocio que inició como una apuesta familiar y que hoy casi tiene la misma edad que el departamento del Cesar, conlleva a sus socios a mantenerlo vivo.

Y es que con 37 empleados en nómina de los que dependen más de 200 personas, con un negocio que estuvo cerrado desde que lo decretó el Gobierno nacional y que desde hace poco más de 15 días viene trabajando con las restricciones propias de una ciudad en pandemia, este subsidio que aprobó el Gobierno, por cada empleado en nómina, no significa la solución de todo pero si amortiza de forma alguna los costos operativos de mantener a la empresa funcionando.

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“Nosotros ya certificamos mediante nuestro contador que la facturación se nos bajó más del 20 % que exige el requerimiento para aplicar al subsidio y también hemos aportado la documentación que certifica nuestros pagos de Seguridad Social o PILA, así que estamos a la espera que nos hagan los giros a los que se comprometió el Gobierno”, sostiene Germán Tapias Díaz, representante legal de la empresa.

Ya para enero y febrero las ventas estaban reducidas a un 50 % y con el cierre por la llegada de la covid-19 la facturación se redujo aún más. “Sin embargo nosotros continuamos pagando y de manera puntual los salarios de nuestros empleados, porque es una obligación y un derecho adquirido de ellos y en eso siempre seremos responsables.  Este espaldarazo de tres meses de subsidiar el salario de los empleados lo recibimos con agrado, pero es bien sabido que la crisis continuará y que la operación en esta época de pandemia nos saldrá mucho más costosa”, agregó Tapias Díaz.

El ejecutivo se refiere a los costos que genera una operación ‘a media marcha’. “Hemos hecho una inversión considerable para proteger a la clientela, a nuestros empleados y a nosotros mismos.  Tenemos a uno de nuestros empleados controlando el acceso de los compradores, adquirimos el termómetro infrarrojo para medir la temperatura de todo el grupo de interés, se desinfectan manos y calzado de quienes entren a la ferretería y estamos trabajando con el personal por grupos, permitiendo la entrada de máximo cinco clientes”, dijo el Gerente de la ferretería Cesar.

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En la actualidad la empresa para cumplir con los protocolos, mantener el distanciamiento y seguir operando comercialmente ha divido al personal para trabajar por grupos. Un turno comienza en la mañana entre las 7:30 a.m., y las 12 m., y el otro labora de una a cinco de la tarde.

“Otro factor que retrasa es que muchas de las empresas proveedoras aún no se han reactivado porque no han podido darle cumplimiento a los protocolos para trabajar; el transporte de nuestros productos también es un elemento que retrasa porque esas fábricas y empresas tienen sede en Barranquilla o Santa Marta”, concluyó Germán Tapias.

POR: JOSÉ URBANO CÉSPEDES