Por Luis Napoleón de Armas P.

Las normas para expropiarles activos a la mafia están contaminadas de virus como ocurre con la mayoría de las leyes colombianas: hecha la ley, hecha la trampa, ese es el perverso paradigma. 

La Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, en 2014 fue sustituida por la SAE, Sociedad de Activos Especiales, como si la fiebre estuviese en las cobijas. Ese año, la SAE, recibió de la extinta DNE, más de 100.000 activos con enredos jurídicos, información incompleta y desactualizada. Hoy, la SAE dice tener 47.018 bienes de los cuales, según la CGR, 16.283, el 34.6%, solo tiene entrega documental pero no física, esto es, están embolatados; de estos 5.584 son rurales y 29.109 carecen de avalúo, 77% del total; tampoco tienen estándares para fijar cánones de arrendamiento. 

Las cuentas son muy confusas; a diciembre 2021, la SAE dice tener definidos 28.343 bienes de los cuales el 50.1% son inmuebles distribuidos entre lotes, casas, garajes, fincas, apartamentos, locales comerciales y otros bienes, ubicados, sobre todo en el Valle, Antioquia y Bogotá, con más del 50% en estos lugares, sedes de los más grandes carteles. Según la CGR, hay casas y lotes rurales avaluados en $100.000, hay una finca de 112 Ha que vale $64.000, un lote urbano de 780 metros cuadrados en construcción que vale $4.300 y un garaje en Unicentro de Bogotá con un valor de $35.000; los 10 activos más valiosos están ocupados irregularmente, uno de los cuales queda en Bogotá con un valor catastral de $10 mil millones. 

Estos avalúos indican la falta de seriedad con la cual se ha manejado este proceso. Una modalidad implementada por la DNE y la SAE es la subcontratación para administrar los bienes incautados. A manera de ejemplo les cito a Consultores Santo Domingo que maneja más de 600 bienes inmuebles y 24 sociedades cuando lo máximo establecido es de cinco. Algunos de los bienes que podrían estar en estas condiciones son los hoteles que hay en algunas islas del país. 

No es fácil averiguar cuánto le han costado estos dos organismos al Estado colombiano, pero sí es conocido cuán ineficiente e ineficaz han sido estas dos instituciones. Centenares de estruendosos e impactantes operativos se han realizado para incautar bienes del narcotráfico, incluyendo pérdida de vidas de policías y civiles, pero solo para llenar titulares en los medios audiovisuales, de ahí en adelante nada retributivo queda para el país. 

Con razón Petro siempre ha dicho que estamos frente a un estado mafioso; las revelaciones que está haciendo Richard Mao Botina, el “Hacker fiscalía”, sobre narcotráfico son aterradoras. Tanto la DNE como la SAE, con igual filigrana, tejieron una espesa e impenetrable telaraña entre narcotraficantes, políticos de carrera, funcionarios, agentes del Estado de todos los niveles y oportunistas; y pese a que varios funcionarios de alto nivel ya han sido condenados, el escarmiento no ha cundido, el contubernio sigue montado, pero autoridades y jueces no se han pellizcado; el narcotráfico ha sido para el país como una onda expansiva que ha penetrado todas las capas de la sociedad hasta tomarse las instituciones, el Estado total; el narcotráfico es al país lo que el fracking es a la tierra. 

Solo ahora que Petro toca el tema y se escarba en las alcantarillas del negoción, comienzan a saberse algunas cosas; ya el presidente de la república le ha solicitado al fiscal general que ordene las acciones que conduzcan al esclarecimiento de esta feria de ventas leoninas y recuperación de bienes por debajo de la mesa; se han detectado arriendos pírricos y se intenta poner coto a este lucrativo negocio entre mafiosos, testaferros y agentes estatales que estarán muertos de la risa en sus suites campestres. Ese día, al fiscal no se le veía muy cómodo mirando hacia los lados como buscando culpables que ya se habían esfumado porque, quizás, no han podido coger. Como diría Marroquín: “Y aquella perrilla sí, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí”.