En el balance de su gobierno, el exalcalde ‘Tuto’ Uhia manifestó que había intervenido 83 parques en la ciudad. Satisfecho decía que lo hacía feliz el remoquete de “tutoparque”, porque un parque era mucho más que un espacio público que dignifica al ciudadano, partiendo de la premisa que todos somos iguales.

Consideraciones que tienen connotación de irrebatibles, sin embargo, en el proceso de implementación de los clubes de barrios, como los bautizó el exalcalde, no consideraron o soslayaron la importancia de definir responsabilidades en torno a la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los parques. 

Volvió a descuidarse que la rápida urbanización conlleva desafíos; por ello, Valledupar completa 26 años perdidos, periodo en el cual se ha regenerado y sofisticado el cálculo político para ganarse la Alcaldía, situación proporcional al deterioro de los indicadores socioeconómicos y exacerbación de las fragilidades urbanas relacionadas con inseguridad, desempleo, movilidad, transporte público, ordenamiento territorial, cultura ciudadana y discontinuidad en la prestación de los servicios públicos.

Definir la AOM para los parques de la ciudad sobrepasa lo que pueda establecerse en un acto administrativo. El desarrollo de los territorios requiere valoración de la nueva agenda urbana en aras de salvaguardar las generaciones futuras, mediante los planteamientos del Banco Mundial,  respecto del concurso y colaboración del sector privado, los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados para construir ciudades y comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles.

Los parques de la ciudad deben tener un administrador e inyección económica que financie el mantenimiento, sino su deterioro será inminente. Para evitarlo los ciudadanos juegan en este proceso un rol importante, a partir de la apropiación del cuidado de esos escenarios.

Los gobernantes de las ciudades deben entender que su gestión también incluye la formación de ciudadanía y desarrollo de cultura ciudadana, para eso es la estructura administrativa de las juntas de acción comunal, no para amalgamar la consecución de votos como habitualmente se acostumbra, sino para la gestación de verdaderos liderazgos en cada barrio. 

Guardando las proporciones, en Bogotá,  mediante el Decreto 544 de 2012, fue entregada la responsabilidad a las localidades (alcaldías locales), a través de los presupuestos del Fondo de Desarrollo Local, para la ejecución del mantenimiento, la adecuación y la construcción de los parques.

Es momento de revisar la misión y alcance del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, sin saltarse los canales de interacción ni articulación institucional con las partes interesadas. Este proceso ante todo requiere participación ciudadana, que no es cálculo político, con el fin de matricularles el compromiso y la responsabilidad con perspectiva de creación de cultura ciudadana.