Existen dos versiones sobre la muerte de los menores, pero los resultados de Medicina Legal son lo que realmente determinarán lo ocurrido.
El pueblo yukpa emitió un comunicado reclamando justicia por la muerte de cinco niños pertenecientes al resguardo indígena Iroka ocurrida el pasado domingo 24 de marzo.
Aunque la versión oficial afirmó en primer momento que las dolorosas pérdidas de los cinco menores con edades entre los 3 y 15 años, estarían relacionadas con una intoxicación tras consumir una fruta de corozo, dicha comunidad asegura que las víctimas fueron asesinadas.
Según lo manifestado en el documento, los hechos ocurrieron en el asentamiento Kchushwere cuando Misael García Torres, padre de los 5 niños, se encontraba en una celebración religiosa cristiana. Al regresar, encontró a tres de ellos sin signos vitales y dos aún con vida que presentaban vómitos de forma constante con indicios de “envenenamiento”.
Frente a esta situación, García Torres solicitó ayuda a la EPS Dusakawi, quienes recogieron en ambulancia a los pequeños que se encontraban con vida de 3 y 13 años, que inicialmente fueron atendidos en la clínica de Agustín Codazzi y posteriormente fueron remitidos a la clínica Sermultisalud, donde perdieron la vida al poco tiempo de haber ingresado por un paro cardiorrespiratorio.
En el caso de los tres menores que fallecieron en el lugar de la zona Sospa del resguardo indígena, de edades 7, 11 y 15 años, los indígenas levantaron su cuerpo bajo costumbres y tradiciones de la etnia yukpa.
Al momento del terrible suceso, la madre de las víctimas, Isabel Estrada Pérez, no se encontraba en el lugar de los hechos debido a que se encontraba en Valledupar con otro de sus hijos quien recibe atención médica por afectaciones de salud.
“Mientras se realizaban los ritos tradicionales de muerte, se encontró que el cuerpo de la menor de 15 años presentaba signos de violencia física y al parecer sexual, por tener una herida en la cabeza y su vestido tradicional rasgado entre las piernas”, dice dicho informe donde se expone que esta comunidad renunció a sus raíces ancestrales al permitir la realización de la necropsia de los cuerpos por parte de Medicina Legal a fin de que puedan esclarecerse los hechos y se haga justicia frente a estas muertes, cuyas causas exactas son confusas, pero que en el seno de esta comunidad indígena aseguran que está relacionada “con un concurso de delitos”.
Además, el pueblo yukpa desmintió el pronunciamiento de la Secretaría de Salud del Cesar que emitió un comunicado refiriéndose a que los menores habían presuntamente fallecido al consumir “corozo”, aclarando que este pueblo tiene características de nomadismo en cuanto a actividades de cacería, pesca, agricultura y demás, conociendo qué deben o no consumir.
En el comunicado, el pueblo yukpa asocia este caso con los hechos presentados en 2018 cuando en la zona Teykumo del resguardo indígena Iroka dos hermanos fueron envenenados con glifosato por un capataz de una finca cercana por problemas territoriales.
Por esta tragedia, el pueblo yukpa exige a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la secretaria de Salud del Cesar, alcalde de Codazzi y demás entes de control locales, departamentales, nacionales e internacionales tomar medidas que permitan aportar a la aclaración del caso.
Así mismo, solicitaron al presidente y vicepresidenta de la República, reunirse con su pueblo, de carácter urgente, para abordar temas relacionados con el hacinamiento territorial y sus posibles consecuencias como estas 5 muertes.
Por último, el pueblo Yukpa pidió a los entes de Medicina Legal una vez tengan claridad de las causas de las muertes reunirse con su comunidad y explicarles lo sucedido.
ASPECTO DE INTERÉS
Edwar Álvarez, sociólogo y defensor del pueblo Yukpa, dio a conocer que, tras la declaración de los indígenas del sector, se pudo determinar que una persona ajena a la comunidad ingresó al lugar donde se encontraban los menores. En el momento de los hechos, ocurridos entre las 9 a. m. y 11 a. m., las víctimas se quedaron en la residencia debido a que se encontraban preparando unos bollos con un molino que les prestaron y debían devolver, por esa razón no acompañaron a su padre al acto religioso. “Cada niño apareció en un lado distinto”, acotó.
Cabe recordar que el pueblo yukpa fue declarado por la Corte Constitucional en el 2009 en riesgo de exterminio físico y cultural por conflictos territoriales, mineros energéticos, colonización y conflicto armado en la Serranía del Perijá.
¿QUÉ DICE EL ICBF?
La directora general del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, calificó la muerte de los cinco menores de la comunidad yukpa como “asesinato”.
“Repudiamos el asesinato en extrañas circunstancias de cinco niños yupka entre 3 y 15 años en el resguardo de Iroka. Acompañamos la tristeza de la comunidad y esperamos el esclarecimiento de los hechos”, escribió en su cuenta de X la directora del ICBF donde mencionó a la Fiscalía General de la Nación para abordar el hecho.
POSICIÓN DE MEDICINA LEGAL
El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo que su deber en estos momentos es preservar la reserva frente a la investigación hasta que los que le ordenaron abordar el caso autoricen lo contrario.
“La investigación judicial es reservada”, dijeron desde la dirección general, explicando que una vez haya culminado la misma se darán a conocer los resultados.
De momento, se desconoce cuántos días puede tardar este proceso, el cual varía de acuerdo a las órdenes de análisis. “Es muy difícil aún saber”, acotaron.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
El secretario de Salud del Cesar, Juan Carlos Mindiola, dijo que se debe esperar el resultado de las necropsias para poder conocer qué ocurrió. “En eso se basa todo. Esperamos que Dios nos ayude a esclarecer esta tragedia”, expresó.
Desde su campo, solicitó que el flujo de muestras que se le recogieron a los menores en Codazzi fueran examinadas, así como los presuntos corozos que son estudiados en Medicina Legal en Valledupar.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Frente a este triste hecho, comisiones de la Defensoría del Pueblo harán presencia en el resguardo para contribuir a la protección de sus derechos, ya que esta acción demuestra que “está en riesgo”, su protección.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de cinco niños del resguardo Iroka, cuya causa de su deceso habría sido por el consumo de una fruta silvestre envenenada. No obstante, requerimos el curso de las autoridades competentes para que determinen con precisión lo ocurrido”, expresó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
Además de ello, Camargo Assis solicitó la pronta actuación de la Fiscalía General de la Nación, para que ayuden a establecer lo sucedido y se pueda garantizar los derechos a la “justicia, vida, integridad cultural permanencia y pervivencia” del pueblo Yukpa.
FISCALÍA
La Fiscalía General de la Nación adelantó actos urgentes y lidera una investigación en curso. De momento, está a la espera de algunas directrices de Bogotá, para poder referirse al caso.
En términos generales, existen dos versiones sobre la muerte de los menores, pero solo los resultados de Medicina Legal determinarán lo sucedido.
Existen dos versiones sobre la muerte de los menores, pero los resultados de Medicina Legal son lo que realmente determinarán lo ocurrido.
El pueblo yukpa emitió un comunicado reclamando justicia por la muerte de cinco niños pertenecientes al resguardo indígena Iroka ocurrida el pasado domingo 24 de marzo.
Aunque la versión oficial afirmó en primer momento que las dolorosas pérdidas de los cinco menores con edades entre los 3 y 15 años, estarían relacionadas con una intoxicación tras consumir una fruta de corozo, dicha comunidad asegura que las víctimas fueron asesinadas.
Según lo manifestado en el documento, los hechos ocurrieron en el asentamiento Kchushwere cuando Misael García Torres, padre de los 5 niños, se encontraba en una celebración religiosa cristiana. Al regresar, encontró a tres de ellos sin signos vitales y dos aún con vida que presentaban vómitos de forma constante con indicios de “envenenamiento”.
Frente a esta situación, García Torres solicitó ayuda a la EPS Dusakawi, quienes recogieron en ambulancia a los pequeños que se encontraban con vida de 3 y 13 años, que inicialmente fueron atendidos en la clínica de Agustín Codazzi y posteriormente fueron remitidos a la clínica Sermultisalud, donde perdieron la vida al poco tiempo de haber ingresado por un paro cardiorrespiratorio.
En el caso de los tres menores que fallecieron en el lugar de la zona Sospa del resguardo indígena, de edades 7, 11 y 15 años, los indígenas levantaron su cuerpo bajo costumbres y tradiciones de la etnia yukpa.
Al momento del terrible suceso, la madre de las víctimas, Isabel Estrada Pérez, no se encontraba en el lugar de los hechos debido a que se encontraba en Valledupar con otro de sus hijos quien recibe atención médica por afectaciones de salud.
“Mientras se realizaban los ritos tradicionales de muerte, se encontró que el cuerpo de la menor de 15 años presentaba signos de violencia física y al parecer sexual, por tener una herida en la cabeza y su vestido tradicional rasgado entre las piernas”, dice dicho informe donde se expone que esta comunidad renunció a sus raíces ancestrales al permitir la realización de la necropsia de los cuerpos por parte de Medicina Legal a fin de que puedan esclarecerse los hechos y se haga justicia frente a estas muertes, cuyas causas exactas son confusas, pero que en el seno de esta comunidad indígena aseguran que está relacionada “con un concurso de delitos”.
Además, el pueblo yukpa desmintió el pronunciamiento de la Secretaría de Salud del Cesar que emitió un comunicado refiriéndose a que los menores habían presuntamente fallecido al consumir “corozo”, aclarando que este pueblo tiene características de nomadismo en cuanto a actividades de cacería, pesca, agricultura y demás, conociendo qué deben o no consumir.
En el comunicado, el pueblo yukpa asocia este caso con los hechos presentados en 2018 cuando en la zona Teykumo del resguardo indígena Iroka dos hermanos fueron envenenados con glifosato por un capataz de una finca cercana por problemas territoriales.
Por esta tragedia, el pueblo yukpa exige a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la secretaria de Salud del Cesar, alcalde de Codazzi y demás entes de control locales, departamentales, nacionales e internacionales tomar medidas que permitan aportar a la aclaración del caso.
Así mismo, solicitaron al presidente y vicepresidenta de la República, reunirse con su pueblo, de carácter urgente, para abordar temas relacionados con el hacinamiento territorial y sus posibles consecuencias como estas 5 muertes.
Por último, el pueblo Yukpa pidió a los entes de Medicina Legal una vez tengan claridad de las causas de las muertes reunirse con su comunidad y explicarles lo sucedido.
ASPECTO DE INTERÉS
Edwar Álvarez, sociólogo y defensor del pueblo Yukpa, dio a conocer que, tras la declaración de los indígenas del sector, se pudo determinar que una persona ajena a la comunidad ingresó al lugar donde se encontraban los menores. En el momento de los hechos, ocurridos entre las 9 a. m. y 11 a. m., las víctimas se quedaron en la residencia debido a que se encontraban preparando unos bollos con un molino que les prestaron y debían devolver, por esa razón no acompañaron a su padre al acto religioso. “Cada niño apareció en un lado distinto”, acotó.
Cabe recordar que el pueblo yukpa fue declarado por la Corte Constitucional en el 2009 en riesgo de exterminio físico y cultural por conflictos territoriales, mineros energéticos, colonización y conflicto armado en la Serranía del Perijá.
¿QUÉ DICE EL ICBF?
La directora general del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, calificó la muerte de los cinco menores de la comunidad yukpa como “asesinato”.
“Repudiamos el asesinato en extrañas circunstancias de cinco niños yupka entre 3 y 15 años en el resguardo de Iroka. Acompañamos la tristeza de la comunidad y esperamos el esclarecimiento de los hechos”, escribió en su cuenta de X la directora del ICBF donde mencionó a la Fiscalía General de la Nación para abordar el hecho.
POSICIÓN DE MEDICINA LEGAL
El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo que su deber en estos momentos es preservar la reserva frente a la investigación hasta que los que le ordenaron abordar el caso autoricen lo contrario.
“La investigación judicial es reservada”, dijeron desde la dirección general, explicando que una vez haya culminado la misma se darán a conocer los resultados.
De momento, se desconoce cuántos días puede tardar este proceso, el cual varía de acuerdo a las órdenes de análisis. “Es muy difícil aún saber”, acotaron.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
El secretario de Salud del Cesar, Juan Carlos Mindiola, dijo que se debe esperar el resultado de las necropsias para poder conocer qué ocurrió. “En eso se basa todo. Esperamos que Dios nos ayude a esclarecer esta tragedia”, expresó.
Desde su campo, solicitó que el flujo de muestras que se le recogieron a los menores en Codazzi fueran examinadas, así como los presuntos corozos que son estudiados en Medicina Legal en Valledupar.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Frente a este triste hecho, comisiones de la Defensoría del Pueblo harán presencia en el resguardo para contribuir a la protección de sus derechos, ya que esta acción demuestra que “está en riesgo”, su protección.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de cinco niños del resguardo Iroka, cuya causa de su deceso habría sido por el consumo de una fruta silvestre envenenada. No obstante, requerimos el curso de las autoridades competentes para que determinen con precisión lo ocurrido”, expresó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
Además de ello, Camargo Assis solicitó la pronta actuación de la Fiscalía General de la Nación, para que ayuden a establecer lo sucedido y se pueda garantizar los derechos a la “justicia, vida, integridad cultural permanencia y pervivencia” del pueblo Yukpa.
FISCALÍA
La Fiscalía General de la Nación adelantó actos urgentes y lidera una investigación en curso. De momento, está a la espera de algunas directrices de Bogotá, para poder referirse al caso.
En términos generales, existen dos versiones sobre la muerte de los menores, pero solo los resultados de Medicina Legal determinarán lo sucedido.