¿Qué tanto la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) influye en el desarrollo del país y afecta la riqueza ambiental de Colombia?

Pareciera que al departamento del Cesar se le hayan venido todas las plagas de la minería extractiva, y seamos tan desgraciados, que nadie sea capaz de defendernos de la ConocoPhillips y Canacol Energy; en teoría Corpocesar (Corporación Autónoma Regional Del Cesar) que es un ente corporativo de carácter público y que geográficamente se establece en un mismo ecosistema o una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, y que además se supone está encargada por la Ley de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro de su área de jurisdicción y que propende por un desarrollo sostenible, de conformidad con las políticas del Ministerio del Medio Ambiente, no pueda  hacer nada y entre en discordancia con la ANLA, que también es un ente  estatal y que es la encargada de proporcionar licencias a las empresas mineras, sin tener en cuenta  las  condiciones  socio económicas, de  preservación y conservación de las zonas en donde otorga dichas licencias.

Desde aquí lanzo un grito de desesperación al ver que nadie nos  defiende de las malas prácticas gubernativas frente a la minería extractiva, tipo fracking, que en apariencia nos trae riqueza, pero en  realidad solo trae consigo daño, llanto, hambre, sed, sangre, desalojo y persecución a quienes nos oponemos a este tipo de exploración.

Ya son cinco los municipios que van a ser sometidos a esta práctica  extractiva en el departamento del Cesar, entre los que se encuentran: San Alberto, San Martin; Aguachica, Río de Oro y Gamarra. Y se  sabe que seguirán en aumento, porque la ANLA ha dado licenciamiento para Fracking.

Desde su establecimiento en septiembre de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ha sido foco de controversias. Lo que en un principio parecía ser la solución definitiva para que el licenciamiento ambiental estuviera separado de los intereses privados, con el pasar de los años se ha convertido en una de las instituciones más controvertidas del sistema ambiental colombiano.

Quienes hacen los estudios para licenciamiento son las uniones temporales, que están compuestas por tres profesionales, uno encargado de lo biótico, otro de lo social y uno de lo físico. Estos contratistas son los que van a campo a evaluar los proyectos para luego emitir un concepto técnico en el que aprueban o niegan la licencia, estando expuestos a las insinuosas ofertas económicas por  parte de quienes son evaluados.

Para ser más preciso es una entidad centralizada, que no cuenta con suficiente personal para estar atentos a las modificaciones que cada  empresa licenciada efectué, quedando en el papel los compromisos adquiridos por esta y viendo desde la distancia los daños ambientales a los que están sometidas todas las áreas de explotación del país, en la que infortunadamente y por desgracia estamos inmersos.

No solo se trata de los modelos de contratación, o de la falta de profesionales que verifican información en campo; También de posiciones concretas, en las que la cabeza de la ANLA parece ir en contra de la misión de proteger y defender los recursos naturales de Colombia, a cambio de la simplificación de un proceso y que define a un país segregado por la riqueza mineral y la pobreza ambiental.

Todo lo anterior abre un interrogante sobre la calidad y la transparencia del licenciamiento ambiental en el país, porque de entrada si las licencias son un derecho y no una obligación, también lo son los recursos naturales y por ello los pobladores van a continuar en tremenda desventaja.

Por Miguelángel Sierra

@biosierra