Por Oscar Ariza Daza

La expedición o renovación de licencias de conducción en Colombia se ha convertido en un negocio redondo para quienes ven en lo torcido una posibilidad de obtener dividendos ante la falta de control del Estado que a través del Congreso crea  leyes con buena intención, pero en lugar de facilitar la vida a los ciudadanos, termina envolviéndolos en confusiones que son aprovechadas por los avivatos para timar, afectar el bolsillo y la seguridad de la población.

A  pesar de las regulaciones que establece la ley 1383 de 2010 que claramente pone de manifiesto la necesidad de unificar el formato de las licencias de tránsito y los mecanismos para hacerlo,  hoy la incapacidad del Estado para ejercer control sobre las prácticas que deben apuntar a la expedición legal de una licencia de conducción, ha hecho que el negocio de expedición ilegal, disfrazado de legalidad, produzca tanto riesgo de accidentalidad y muerte como las vergonzosas carreteras llenas de huecos y mal señalizadas por las que tenemos que transitar. 

Para expedir o renovar una licencia de conducción, la ley determina la necesidad de hacer y aprobar un curso de conducción, como también de aptitud física y psicológica. Lastimosamente algunos centros de reconocimiento de conductores venden por debajo de cuerda certificaciones de cursos y exámenes sin haberlos practicado, lo que hace que cualquier persona  con plata y sin experiencia o aptitud para manejar pueda acceder ilícitamente a un documento de éstos y empezar a manejar sin ningún problema.

Muchos andan en carreteras, calles de ciudades y caminos rurales conduciendo vehículos de todo tipo, sin estar aptos para hacerlo, convirtiéndose en un peligro de muerte ambulante para la gente.

A pesar de los hallazgos y del cierre de algunos centros de reconocimiento hechos por la superintendencia de Puertos y Transporte, por descubrir que otorgan de manera fraudulenta éstos certificados, quedan muchos en el país y en esta ciudad que continúan con estas prácticas sin que nadie denuncie ni haga nada.

En Valledupar por ejemplo, hay una gran cantidad de motociclistas, taxistas y particulares conduciendo vehículos, amparados en una licencia de conducción, pero sin el conocimiento adecuado para manejar; todo porque pudieron obtener un certificado ficticio de un curso hecho o de exámenes practicados, lo que se constituye además de un fraude, en una acción que atenta contra el derecho a la vida de los valduparenses. 

¿Quién se interesa por verificar esto?, ¿dónde está la acción de las autoridades locales?