Se está volviendo un riesgo enorme invertir en Colombia. La inseguridad jurídica, la carga tributaria y la corrupción pública, están quebrando a cientos de empresas en este país. Los casos que describo hoy causan mucha indignación y dolor de patria.

En el año 2002, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, decidió impulsar una política de Estado para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de la industria de los biocombustibles. Para impulsar el desarrollo de los agro-carburantes, el gobierno de entonces, estableció una política de incentivo tributario y de subsidio a la tasa de interés de los créditos para las siembras y las inversiones en sistemas de riego, con la condición de que las nuevas plantaciones de palma de aceite y caña de azúcar se realizaran en zonas donde había que sustituir cultivos de coca (Tibú, Tumaco, Sur de Bolívar, etc.) y otras que no afectaran los bosques naturales como en la Altillanura.

Para atender la demanda en biodiesel y etanol del país, hubo que ampliar a 500.000 hectáreas el área de la palma de aceite y a 225.000 hectáreas, la de caña de azúcar, y con la construcción de las plantas procesadoras de biocombustibles, la inversión privada superó los 5.000 millones de dólares, que permitieron reactivar la economía en 20 departamentos y 125 municipios del país. Hoy, 8.700 familias están a punto de perderlo todo, porque el gobierno del presidente Santos, resolvió en los últimos cuatro años, desmontar los incentivos, congelarles el porcentaje de la mezcla (8 % y 9 % para etanol y biodiesel respectivamente), condicionarles el precio y para remate, autorizar la importación de millones de litros de etanol de mala calidad y producido con un maíz subsidiado desde los Estados Unidos. Así será la persecución del gobierno contra este sector, que resolvió ampliar las importaciones hasta el próximo 30 de diciembre, a sabiendas que existen más de 22 millones de litros de nuestro etanol embodegados.

Si por el lado de la producción de los biocombustibles la cosa anda grave, en la cadena de la distribución el panorama es peor. Con la adquisición de ExxonMobil, por parte de la empresa chilena Copec -máxima accionista de Terpel-, esta multinacional se quedará con más del 50 % del mercado de los combustibles y lubricantes del país, lo que podría generar un abuso de la posición dominante en el mercado nacional, como ocurre con varias multinacionales de otros sectores. A pesar de que el artículo 333 de la Constitución Política, exige al Estado la obligación de evitar y controlar estos abusos, muy pocos funcionarios ejercen este deber y las multinacionales terminan pasándose por la faja nuestras normas. Pareciera que la orden es destruir la empresa nacional y proteger a la extranjera.

Al igual que el caso de Hyundai, la chilena Copec, está terminando unilateralmente y sin una indemnización justa, los contratos a los distribuidores que durante tantos años lograron posicionar los productos de Terpel y ExxonMobil y agrandar sus ventas en el mercado nacional. ¿Quien va a proteger los empleos y las millonarias deudas que adquirieron estos distribuidores locales para posicionar estas empresas?

Una buena pregunta para el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y para el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

*Consultor.

Por Indalecio Dangond