Por José Félix Lafaurie 

No es posible que pasemos por alto el incidente de la orden presidencial de retirar el proyecto de baldíos por exigencia de las Farc. El enorme poder paralelo que opera desde La Habana es inaudito, intolerable. De buena fuente sabemos que bastó una amenaza de los narcoterroristas de levantarse de la mesa para que Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno, diera el campanazo al Presidente Santos en pleno discurso reeleccionista. ¿Qué está pasando? ¿Acaso las Farc cogobiernan y dictan desde ahora las políticas rurales, con la anuencia del Gobierno? 

Es hora de saber ¿quién nos gobierna? ¿Cuáles son los compromisos secretos adquiridos por el Presidente Santos en La Habana, que determinan su consentimiento a cuantas imposiciones plantean las Farc? ¿Si esto ocurre ahora, que el Gobierno poco le debe a las Farc, qué pasará en el hipotético caso de su reelección con el respaldo fariano –tras supuestos avances en las negociaciones– y el peligroso chantaje de la confidencialidad? Ni siquiera hubo contemplaciones para exponer al escrutinio público a los Ministros, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri, tras el sorpresivo trino del mandatario que dejó sin piso el proyecto de baldíos.

 Como todo proyecto gubernamental, venía siendo concertado con Palacio y, en consecuencia, su contenido no le era desconocido. Existía la orden presidencial y la aprobación del Consejo de Ministros para radicarlo ante la Cámara de Representantes –mal haría el MinAgricultura en actuar de manera inconsulta, lo cual está descartado–. Más aún, según trascendió de boca del Ministro Lizarralde, en Junta Directiva de la SAC, la norma tenía “carácter reservado”, para evitar filtraciones que afectaran las decisiones que el Gobierno plantearía al Congreso en esta materia. Entonces ¿cómo explicar que a menos de 24 horas de dar la instrucción para presentarlo, el Presidente se retractara y luego se programara una reunión entre el Ministro Lizarralde y los negociadores del gobierno en Cuba?

Pero existen otras circunstancias que refuerzan el argumento de la interferencia de las Farc y descartan una "ligereza” de la cartera de Agricultura. El Gobierno no ignoraba el interés del país rural en un tema tan crítico como el de baldíos, vital para el desarrollo de la Altillanura. Una apuesta con inversiones por más de $10.000 millones de dólares, hoy en el completo limbo. Pero además, no podía obviar los cuestionamientos de la oposición y la presión de los empresarios, a propósito de la inestabilidad jurídica. Razones que lo obligaban a ser extremadamente cuidadoso en el diseño de la política. De hecho, la sensibilidad del tema había quedado demostrada con la renuncia del Embajador en Washington, Carlos Urrutia –muy cercano al Presidente– y del Ministro Francisco Estupiñán. 

Estos hechos obligan a una aclaración. Tenemos derecho a saber quién está detrás del reacomodo del proyecto de baldíos o incluso del atentado contra el expresidente Uribe. Si esta administración rinde cuentas a los terroristas en La Habana y si existe una agenda de Gobierno, oculta e ilegítima concertada con los farianos. Lo más doloroso es que hayamos tenido que llegar a estas vicisitudes para que la opinión comprendiera, con evidencias, las razones por las cuales Fedegán no comulgaba ni comulga con la idea de negociar la suerte del país rural, con quienes hicieron inviable su desarrollo durante 50 años.