El Gobierno nacional declaró las minas La Jagua y Calenturitas, ubicadas en el Cesar, como áreas reservadas para la protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del ambiente, decisión  formalizada a través de la Resolución 0220 del 3 de marzo, con un plazo de dos años. 

Son 7.167 hectáreas entre las dos minas ubicadas en los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico, centro del  departamento, terrenos en los cuales los ministerios de Ambiente y Minas realizarán investigaciones técnicas sobre las condiciones del suelo y las posibles alternativas a desarrollar en el marco de la transición energética, con la finalidad de organizar o facilitar a futuro la prestación de un servicio público. 

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El Gobierno argumenta que existe la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre posibles proyectos futuros con  fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) en esta área  del Cesar “que permitan el desarrollo y crecimiento económico a partir de la transición energética”. 

No más minería por ahora

Esto implica que durante el período inicial de dos años, la Agencia Nacional de Minería no otorgará nuevas concesiones mineras; la última terminó cuando los contratos para la extracción de carbón térmico a gran escala ejecutados por el Grupo Prodeco fueron liquidados por la Agencia Nacional de Minería tras la renuncia de la empresa en 2021.  De acuerdo con la resolución, la medida no interfiere en el cumplimiento de las compensaciones ambientales y laborales que debe terminar Prodeco por la utilización de estos recursos. 

Amat Zuluaga, geólogo y director del Observatorio de Transición Energética del Caribe, ha expresado su desacuerdo con esta medida desde que fue anunciada en agosto de 2024: “Los extrabajadores de Prodeco están expectantes para retornar a esas labores y esa calidad de vida porque son unos ingresos que no lo van a tener en otras industrias, por ejemplo, en la agricultura. El Gobierno le está cerrando la puerta a esa posibilidad, no solamente a las personas propias del corredor minero, sino también está la posibilidad de un departamento que es dependiente de los recursos del carbón”. 

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Sin embargo, el Gobierno sostiene que otra de las razones por la cual fue suspendido el desarrollo de una actividad minera asociada al proyecto La Jagua es una sentencia de tutela del Consejo de Estado que confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Cesar en el cual fue amparado el derecho a la consulta previa, el debido proceso y la diversidad étnica y cultural del pueblo yukpa, y reiteró una orden relacionada con la delimitación de su territorio ancestral. 

¿Cómo será la transformación económica de la región?

Así mismo, señala el documento oficial, en el 2023, la Corte Constitucional ordenó a las empresas Drummond y Prodeco, al Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo “adelantar un proceso de consulta y posconsulta en relación con los proyectos mineros Calenturitas, La Jagua, Pribbenow, el Descanso y el Corozo”, cuyo cumplimiento se encuentra en curso.

Por su parte, el secretario de Minas y Energía, Carlos Ríos, también ha dado a conocer su posición sobre el particular: “Estamos a favor de la transición energética, pero también de la transición económica, es decir, mientras no implementen las medidas necesarias para poder reactivar económicamente el sector, consideramos que que afecta a los municipios y la generación de empleo el restringir la explotación de estos minerales”. 

Por Redacción EL PILÓN.