El título de la columna, lo tomé del 7° parágrafo del decálogo para la reconciliación que propone la Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote Francisco de Roux, cuyo propósito es facilitar el logro de la convivencia pacífica en Colombia. 

Dicha comisión es temporal, desde su creación en mayo de 2018 y ampliada hasta el 28 de agosto de 2022, por la interferencia debido a la pandemia de covid-19. Esta comisión sin misión judicial es pilar vital del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es el conjunto de mecanismos para garantizar a las víctimas del conflicto armado interno, los derechos Incorporados en la Constitución Política Nacional, estipulados en el Acuerdo de Paz firmado por ‘Timochenko’ como representante de las FARC-EP y Juan Manuel Santos, entonces presidente de nuestro país. 

“El legado y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad: una gran oportunidad de diálogo del país para parar la guerra”, crónica publicada en EL PILÓN del lunes 1 de agosto de 2022. Muy afín con la opinión del presidente de la susodicha comisión que, en la entrega de su informe final, enfatizó: “Colombia tiene que resolver eso y no creo que la solución sea simplemente militar”; es decir, una advertencia personal bien clara, sobre la importancia de abrir la posibilidad de diálogo con actores ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, EPL y con bandas criminales ligadas al narcotráfico, tales como el Clan del Golfo, los Rastrojos, la Cordillera y otras.  

Si bien el informe final de la Comisión de la Verdad no es vinculante, como sí lo son las investigaciones y disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sería trascendental que los congresistas posesionados el pasado 20 de julio y el presidente electo de la República que se posesionará el próximo 7 agosto, tengan en cuenta el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

La Comisión inició la recopilación de la verdad sobre el actual conflicto armado interno que nos azota ferozmente, a partir del año 1958, desde cuando comenzó el Frente Nacional, pacto malhadado entre los dirigentes de los partidos políticos conservador y liberal, en el afán y recóndita intención de paliar la tan nefasta violencia bipartidista, que intensificaba la ebullición en ciernes de  la inconformidad popular y, a la postre, más temprano que tarde, el remedio fue peor que la enfermedad ante la aparición de la violencia insurgente-contrainsurgente. 

Guerra infernal en la cual todos los colombianos hemos sufrido las crueldades más execrables, tras la agregación de actores apocalípticos como los narcotraficantes que han prolongado el conflicto armado por más de 60 años. En consecuencia, la Comisión de la Verdad ha realizado una enorme labor que puede catalogarse como ardua y además muy apropiada por su enfoque territorial, porque para el esclarecimiento de la verdad investigaron en 11 territorios, ya que cada uno de esos territorios es un entorno geográfico diferente poblado por personas con características similares en lo cultural, en propósitos y otros contextos que solo la gente de cada territorio los conoce a cabalidad.   

Faltan 2 días para que, Gustavo Petro, inicie su periodo presidencial, en su discurso de victoria fue coherente con su eslogan de campaña proselitista, convocando a la unidad nacional en pro de los múltiples cambios que requiere nuestro país. 

¡Tremendo reto! Entre los múltiples cambios hay dos más apremiantes que todos los demás: la búsqueda de la paz y combatir la corrupción. Ambos dependen de la voluntad de todos los colombianos unidos; no obstante, el mayor esfuerzo les corresponde a los políticos, por esto el título de la columna, porque si los políticos paran la corrupción, el erario alcanzaría para el mejoramiento de todas las calamidades del país.

El extenso informe de la Comisión de la Verdad, entregado por el sacerdote Francisco de Roux al presidente Gustavo Petro es un documento que no se debe desperdiciar, pues su valioso contenido es fundamental para que los colombianos logremos vivir en paz. Y la convivencia pacífica es un catalizador positivo para ayudar a minimizar la corrupción; en fin, ambos indispensables para generar progreso y bienestar general.