Seguimos preocupados por los hechos de violencia en contra de la mujer, por supuesto en contra de todos los ciudadanos, pero el feminicidio tiende a subir y es urgente afrontar. Fue nuestra sociedad tan persistente en matar a las mujeres que nació la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, en la que se reconoció el feminicidio como un delito autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Sobre el tema se ha escrito tanto pero no lo suficiente. Ya hay literatura al respecto, la ha habido siempre, pero es importante insistir y no desistir en escribir sobre un aspecto temprano que concluye en muerte violenta. Los signos de alerta de un potencial feminicida son tan conocidos como ignorados. El asunto radica en que una conducta clara de violencia física y mental que conduzca a asesinar a una mujer sigue pareciendo paisaje y folclor. Es increíble que algunas frases como “en pelea de marido y mujer…”, de las que, incluso, habla nuestra música vallenata, crean el ambiente perfecto para la tragedia.
Urge que el núcleo de la sociedad, la familia, aborde urgencia el tema, que a nuestros niños y niñas les enseñemos los principios fundamentales del respeto. Allí comienza todo. Los especialistas siguen insistiendo en que conductas como los celos, el querer manejar el dinero de la compañera(o), prohibir la visita que realizan a los familiares, la privacidad, el control del teléfono celular, entre otros elementos, con tal de tener control absoluto de todo, son las señales de alerta para detener una situación que puede tornarse inmanejable.
La clave está en comprender: primero que tales conductas no son competencia de la pareja, no deben ser toleradas y no pueden prevalecer. Generalmente quienes viven estas situaciones las normalizan con excusas varias que ya conocemos. Segundo, en caso de experimentar este tipo de conductas se debe acudir al diálogo en primera instancia, si este no funciona se debe buscar respaldo familiar y tomar una decisión con respecto a la relación que va en el camino incorrecto. La siguiente fase, que infortunadamente está marcada por circunstancias muy cercanas a la primera, es acudir a las autoridades competentes que deben garantizar la integridad y la vida del denunciante. La tarea es difícil y más cuando en el imaginario popular, en nuestra idiosincrasia Caribe, la violencia al interior del hogar es un asunto normal, por consiguiente como sociedad aceptamos que quienes inician una joven relación exteriorizarán sus problemas con violencia, “y es normal”. Nuestras páginas vuelven a poner el tema sobre la mesa. A las autoridades encargadas de darle trámite a una denuncia por acoso, maltrato físico, verbal, violencia económica, y otros en contra de la mujer, les exigimos celeridad. Seguimos insistiendo, señores de la Fiscalía General de la Nación, muchos casos son denunciados y no ocurre nada en sus despachos. Después son registrados en estas páginas como fatalidades. A los ciudadanos, recuerden que las penas por cometer feminicidio son de las más altas en Colombia y tienen pocos o nulos beneficios.
Hoy recordamos con dolor a las mujeres víctimas de feminicidio en los dos últimos años. Los años recientes han sido el tiempo en donde todo se ha tipificado, cuantificado y cualificado para que la sanción sea pronta, pero no olvidamos que en nuestra historia hay miles de feminicidios que nunca fueron sancionados; existieron cuando no había cómo llamarlos, e iniciaron con una mala relación que nadie frenó a tiempo.