EL PILÓN retoma hoy el Informe 2012 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de éstos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que fue presentado la semana pasada en el Colegio Pablo Sexto de Valledupar, con la presencia de delegaciones de los departamentos de la Región Caribe.
EL PILÓN retoma hoy el Informe 2012 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de éstos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que fue presentado la semana pasada en el Colegio Pablo Sexto de Valledupar, con la presencia de delegaciones de los departamentos de la Región Caribe.
Fue un escenario en el que destacaron los acontecimientos positivos propiciados por el gobierno de Colombia para promover y proteger los Derechos Humanos en el 2012, así como los asuntos que siguen preocupando en este delicado tema. También se hicieron recomendaciones para ayudar a mejorar la situación de los mismos, porque Colombia está en condiciones de mejorar en gran medida su cumplimiento y de convertirse en una sociedad plenamente inclusiva que respete los derechos de todos los colombianos y los residentes en el país. De igual manera Naciones Unidas recomendó desarrollar aspectos innovadores, de persistencia y participación de los diferentes sectores de la sociedad para avanzar de manera eficaz en este propósito universal.
Valledupar fue escogida para presentar este informe en la región por considerar que es una zona de influencia social, económica y política, que repercute hondamente no sólo en la región Caribe, sino que genera opiniones por su pujanza y oportunidades ante el país.
Por eso, fue el mismo representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien vino a reunirse con los defensores de Derechos Humanos y líderes de distinto orden, el Personero Municipal, representantes de la academia y la institucionalidad, para explicarles que Colombia está en condiciones de mejorar lo manifestado anteriormente, con base en acciones eficaces que requieren especial dinámica, entre ellas el proceso de paz, la restitución de tierras, el Centro de Memoria Histórica, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo y los personeros, el fomento de la confianza entre el Estado y la sociedad civil que gestiona la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, el apoyo eficaz al Sistema Nacional de Derechos Humanos, la aprehensión de las denuncias hechas por las comunidades indígenas sobre los efectos del conflicto armado con relación a sus derechos y vida cotidiana. Además, se refirió a los problemas que requieren cuidado y especial atención, como lo relacionado con los defensores de los derechos humanos, la violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal por parte de las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia, la discriminación, el sistema carcelario, la desaparición forzada, los derechos económicos sociales y culturales; así como los problemas que requieren atención urgente: falsos positivos, la jurisdicción militar, los grupos guerrilleros, los grupos ilegales después de la desmovilización y el derecho a la consulta.
Frente a tan impresionante acervo de realidades, surgen varios interrogantes: ¿Qué hacen las instituciones en el Cesar para implementar las rutas de protección a las comunidades y defensores de Derechos Humanos? ¿Qué hacen para poner a funcionar de manera eficiente el sistema interinstitucional en el departamento? Y ¿qué han hecho las entidades frente a las denuncias por amenazas a los defensores de Derechos Humanos?.
EL PILÓN retoma hoy el Informe 2012 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de éstos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que fue presentado la semana pasada en el Colegio Pablo Sexto de Valledupar, con la presencia de delegaciones de los departamentos de la Región Caribe.
EL PILÓN retoma hoy el Informe 2012 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de éstos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que fue presentado la semana pasada en el Colegio Pablo Sexto de Valledupar, con la presencia de delegaciones de los departamentos de la Región Caribe.
Fue un escenario en el que destacaron los acontecimientos positivos propiciados por el gobierno de Colombia para promover y proteger los Derechos Humanos en el 2012, así como los asuntos que siguen preocupando en este delicado tema. También se hicieron recomendaciones para ayudar a mejorar la situación de los mismos, porque Colombia está en condiciones de mejorar en gran medida su cumplimiento y de convertirse en una sociedad plenamente inclusiva que respete los derechos de todos los colombianos y los residentes en el país. De igual manera Naciones Unidas recomendó desarrollar aspectos innovadores, de persistencia y participación de los diferentes sectores de la sociedad para avanzar de manera eficaz en este propósito universal.
Valledupar fue escogida para presentar este informe en la región por considerar que es una zona de influencia social, económica y política, que repercute hondamente no sólo en la región Caribe, sino que genera opiniones por su pujanza y oportunidades ante el país.
Por eso, fue el mismo representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien vino a reunirse con los defensores de Derechos Humanos y líderes de distinto orden, el Personero Municipal, representantes de la academia y la institucionalidad, para explicarles que Colombia está en condiciones de mejorar lo manifestado anteriormente, con base en acciones eficaces que requieren especial dinámica, entre ellas el proceso de paz, la restitución de tierras, el Centro de Memoria Histórica, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo y los personeros, el fomento de la confianza entre el Estado y la sociedad civil que gestiona la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, el apoyo eficaz al Sistema Nacional de Derechos Humanos, la aprehensión de las denuncias hechas por las comunidades indígenas sobre los efectos del conflicto armado con relación a sus derechos y vida cotidiana. Además, se refirió a los problemas que requieren cuidado y especial atención, como lo relacionado con los defensores de los derechos humanos, la violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal por parte de las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia, la discriminación, el sistema carcelario, la desaparición forzada, los derechos económicos sociales y culturales; así como los problemas que requieren atención urgente: falsos positivos, la jurisdicción militar, los grupos guerrilleros, los grupos ilegales después de la desmovilización y el derecho a la consulta.
Frente a tan impresionante acervo de realidades, surgen varios interrogantes: ¿Qué hacen las instituciones en el Cesar para implementar las rutas de protección a las comunidades y defensores de Derechos Humanos? ¿Qué hacen para poner a funcionar de manera eficiente el sistema interinstitucional en el departamento? Y ¿qué han hecho las entidades frente a las denuncias por amenazas a los defensores de Derechos Humanos?.