Se habían superado un tanto las épocas de turbulencias que por décadas se presentaron al interior de la Universidad Popular del Cesar, UPC, en donde varios sectores se disputaban el manejo de esa institución. No obstante, esa normalidad reinante se vio un poco alterada en el tiempo previo a las elecciones de consejeros que allí acaban de realizarse.

Estamos hablando de un pasado de ingrata recordación, en el que hasta los asesinatos hicieron parte del acontecer de la UPC, en razón a que algunos de los actores enfrentados, y con cierto tinte politiquero, recurrieron a toda clase de estrategias para apoderarse de la dirección del alma mater a sabiendas del fortín electoral que esta les representa.

Por fortuna, en la actualidad se respiran otros aires, aunque no se pueden dejar de lado ciertos ambientes de inconformidad en algunos sectores de los diferentes estamentos universitarios, lo cual se evidenció en las denuncias por supuestas irregularidades sobre ciertos procedimientos durante el proceso de elección de los representantes de los egresados y de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario.

Se hablaba de falta de garantías para las elecciones y de algunos manejos amañados, pero al final el proceso se desarrolló en aparente calma y ya están elegidos los nuevos consejeros universitarios.

Superado ese proceso eleccionario es hora entonces de hacer valer la importancia del Consejo Superior Universitario, cuyos miembros tienen una responsabilidad enorme frente a los temas de gran trascendencia para garantizar la calidad educativa que se imparte en la UPC, al igual que todo el manejo administrativo y presupuestal.

Las decisiones y acciones de los consejeros universitarios deben estar libres de cualquier otro interés distinto al de lograr el mejoramiento continuo de la UPC, donde deben prevalecer los criterios académicos por encima de los intereses políticos para evitar que vuelvan esos viejos tiempos en los que la politización de esa institución empañó por un largo periodo su normal y eficiente funcionamiento.

La importancia del Consejo Superior de la UPC, junto con el rector Rober Romero Ramírez, debe estar a la altura del logro de sus principales metas, tales como lograr una mayor acreditación mediante el fortalecimiento de los programas académicos existentes y la ampliación de la oferta de nuevas carreras y que estas estén acordes con las exigencias que demanda la región.

Tamaña responsabilidad recae sobre Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación; Juliana Guerrero, delegada del Gobierno nacional; Rocío García, delegada del Gobierno departamental; Ata Manjarrez Murgas, representante de los gremios; Carlos Morón Cuello, representante de los exrectores; Guillermo Echavarría, por los docentes; Armando Luis Cotes, de las directivas académicas; José Carlos Pérez Yancy, en representación de los egresados; y Juan Camilo López Nacimiento, vocero de los estudiantes. Estos dos últimos reciben sus respectivas credenciales el 2 de mayo y asumirían funciones en el mes de julio próximo. También están los representantes de cada facultad ante el Consejo Académico.

Todos ellos tienen en sus manos la oportunidad para renovar el compromiso con la educación pública de calidad, la autonomía universitaria y el desarrollo regional. Para lograr eso no se requiere ser grandes genios, simplemente deben estar provistos de valores que garanticen la vida académica, administrativa y financiera de la institución, además de definir el rumbo estratégico mediante unos buenos planes de desarrollo y que vigilen el buen uso de los recursos de la UPC.

Invitamos a la comunidad upecista a estar atenta, informada y participativa en este nuevo momento de la institución.