La culpa no está en lo que bien se dice sino en lo que mal se entiende, premisa del laureado escritor colombiano José Eustasio Rivera, que nos lleva a zanjar el tinglado de poder entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. 

La carta política le ordena al fiscal general, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 251, suministrar al presidente de la República información de las investigaciones que le sean requeridas en materia de orden público, que no dejan de ser relevantes al tenor de denuncias que ha publicado en La Nueva Prensa el periodista Gonzalo Guillen, sobre una presunta complicidad entre el fiscal delegado, Daniel Hernández y miembros del ‘Clan del Golfo’. 

La vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, aseguró que no se cometieron 200 asesinatos atribuidos al ‘Clan del Golfo’ y reportados al fiscal, Daniel Hernández, -que fueron 21-, como si un solo crimen no fuera una tragedia, a juzgar de Joseph Stalin, expresidente de la Unión Soviética. 

Se ha enfrascado el fiscal en la independencia de las tres ramas del poder público, pero sin detenerse a pensar que colaboran armónicamente para la realización de sus fines, episodio aprovechado por el periodista Daniel Coronel al utilizar el sarcasmo, como burla más cruel de la ironía, para ocuparse del fiscal general e ironizar sus andanzas en la columna ‘Los Danieles’, de la Revista Cambio, titulada ‘Barbosa el independiente’, donde subraya que, ‘Hay causas serias que se vuelven risibles por razón de quienes pretenden encarnarlas. Francisco Barbosa carece de autoridad moral para proclamarse defensor de la independencia judicial. Su administración ha sido ejemplo de lo contrario. Desde el primer día hasta hoy ha estado al servicio de quienes lo nominaron”. 

A Barbosa lo postuló el expresidente Iván Duque Márquez y lo eligió la Corte Suprema de Justicia, jerárquicamente no tiene jefe, pero está subordinado a la Constitución Política y su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

Es evidente que el fiscal general ha querido torpedear la paz total, que intenta implementar el presidente Petro, pulso que plantea un proceso de negociación con bandas criminales, incluidas las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o ‘Clan del Golfo’ y grupos armados en conflicto como el ELN y las disidencias de las Farc, uno de los tres ejes de su gobierno, consciente de que negociar con actores que no subviertan el orden y no hayan delinquido, no tendría ningún sentido, como lo ilustra la parábola de Jesús y Zaqueo a su llegada a Jericó: “el hijo del hombre vino a posar con pecadores y a buscar y a salvar lo que se había perdido”, en este caso el Estado conmina al diálogo porque lo considera  más fecundo y con mayores réditos que confrontar. 

Dos fiscales se han arrogado o atribuido competencias al ejercer control político presidencial, primero fue Alfonso Gómez Méndez al dudar de la elección del presidente Andrés Pastrana Arango, por ser amigo y copartidario del registrador nacional, Jaime Calderón Brugés, y después el fiscal Barbosa, quien se negó a suspender órdenes de captura solicitadas por el presidente Petro, encaminadas a facilitar acercamientos con el ELN, disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’, a la luz de la ‘Paz Total’, control de legalidad que es potestad del Consejo de Estado y no del fiscal, cuando extralimitándose en sus funciones le exigió al gobierno un marco jurídico a través de una ley de sometimiento a la justicia.

Por Miguel Aroca Yepes