El representante a la Cámara, Eloy ‘Chichí’ Quintero Romero, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que plantea un duro estatuto para controlar las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos en Colombia.
El proyecto radicado con el número 240 de 2015 en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, plantea que los Ministros y los expertos que integran las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, deberán rendirle cuentas al país y al Congreso por sus actuaciones en esos órganos oficiales.
La propuesta incluye dentro causales de moción de censura, la responsabilidad de los Ministros que hacen parte de las Comisiones de Regulación, en los casos en los que por su acción u omisión, se vean afectados los usuarios finales.

“Lo que se pretende con esta medida es eliminar la posibilidad de reelección indefinida que tienen los expertos que conforman las comisiones, para que no se perpetúen en sus cargos y favorezcan, con el pasar de los años, a las empresas privadas que terminan seduciéndolos y poniéndolos a legislar y regular en favor propio, olvidando que la razón de ser de dichas comisiones es propender por el bienestar y protección de los usuarios”, explicó el congresista Quintero Romero.

Agregó que tal como se ha venido visibilizando, una de las principales causas de la crisis en la prestación de los servicios públicos, es que a las Comisiones de Regulación, nadie las controla, y como el parlamentario lo ha dicho en reiteradas ocasiones: “no le rinden cuentas a nadie”.

En el caso puntual de la crisis del servicio de energía eléctrica que se vive en la Región Caribe, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, no solo se desenvuelve como una entidad cómplice de Electricaribe, sino que prácticamente ha demostrado su intención de legislar a favor de esta empresa, aprovechando los vacíos jurídicos y ambigüedades de las Leyes 142 y 143 de 1994, afirmó el parlamentario, manifestó.

El proyecto pretende controlar el cúmulo de normativas expedidas por las Comisiones de Regulación, que en vez de ayudar a solucionar los problemas apremiantes de los usuarios, lo que se logra es que casi ningún cliente tenga claridad y conocimiento pleno de las normas que rigen los servicios públicos y es ahí donde las empresas prestadoras aprovechan para sacar ventaja de tanto enredo normativo.